Publicado: 30/12/2015 04:00
La ONG Transparencia Internacional (TI) ha denunciado que el Consejo de Seguridad Nuclear se está negando a darle información sobre cuáles fueron los criterios técnicos elegidos para designar al pueblo de Villar de Cañas (Cuenca) como sede del almacén nuclear. Existe la duda de que esta designación pudo hacerse por criterios políticos más que técnicos (se habla de la influencia de la ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, teniendo en cuenta que el municipio conquense era el que peor puntuación tenía en el riesgo geotérmico de corrimiento de tierras).
El nuevo organismo de transparencia dictaminará si los motivos por los que se eligió el lugar para el ATC son de interés público o no
El responsable de TI en España y catedrático de la Complutense Jesús Lizcano ha asegurado que la Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 apremia a las instituciones públicas a facilitar la información que se les solicite, pero que el CSN les ha 'mareado' sin aportar esta información: "Les preguntamos cuáles habían sido los criterios para elegir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y nos remitieron a un informe en su web donde decían que se incluían. Pero en este informe se hablaba de otra cosa".
La ONG, que batalla por lograr más transparencia de las instituciones públicas y elabora un renombrado índice de corrupción anual, ha solicitado el arbitraje del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano creado por la propia Ley de Transparencia que deberá decidir si prima el derecho de los ciudadanos a conocer la información o si concurren otros argumentos que justifiquen la opacidad del CSN.
Hace unos meses, destacan, tuvieron un caso similar relacionado con vacunas: se solicitó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Ministerio de Sanidad) información sobre cuáles habían sido los criterios para encargar vacunas de la varicela, dado que había dudas sobre potenciales conflictos de intereses por los vínculos existentes entre la empresa productora de la vacuna y asesores de órganos públicos de salud. Esta vacuna había generado polémica en 2014 por su retirada de las farmacias, para ser finalmente incluida en el calendario vacunal infantil un año después.
La agencia del medicamento negó a TI una información sobre vacunas que luego ha tenido que hacer pública
Para conocer qué motivó tal viraje de 180º en la política sanitaria en apenas 12 meses se hizo la solicitud de información pública que fue negada por la AEMPS, para pedir el acceso y la publicación de los informes técnicos elaborados por esta agencia, y que en su momento habían justificado la limitación de la vacuna a un uso hospitalario y no a su venta en farmacias (es decir, la recomendación de que no se vacunara a los niños pequeños sistemáticamente, sino sólo a aquellas personas en situación de riesgo). En Transparencia Internacional pensaban que los informes de AEMPS son "de interés público porque informan de razones científico-técnicas que sustentan decisiones de gran calado para la salud de la población". Por ello, la denegación de acceso a esta información pública fue recurrida al Consejo de Transparencia, que finalmente les dio la razón. Por ello, la agencia del medicamento tuvo que hacer público "ese informe solicitado y previamente denegado". TI espera que con el tema nuclear ocurra lo mismo.
Un supervisor muy opaco
El presidente del CSN, Fernando Marti, y sus consejeros afines en el Pleno, han creado un gulag interno en el supervisor nuclear. Según las fuentes del sector consultadas, el organismo que vela por la seguridad de las centrales atómicas jamás ha vivido una situación de opacidad, falta de transparencia y control interno como la actual. Así lo han denunciado no sólo las fuentes del sector eléctrico, sino también la asociación de técnicos del CSN (Astecsn) y, con algunos matices, la consejera Cristina Narbona, que llegó al cargo a propuesta del PSOE.
El CSN ha decretado la confidencialidad de los informes sobre el basurero nuclear y Garoña
Los técnicos han denunciado en reiteradas ocasiones que el supervisor nuclear vive una situación insostenible, marcada por la falta de transparencia y el sometimiento a las presiones políticas y empresariales, especialmente en temas tan sensibles como la construcción del polémico basurero nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) o la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos).
Asimismo, los técnicos (unos 200 sobre un total de 450 empleados), a través de Astecsn, han criticado que Marti y su equipo ha impuesto un régimen jerárquico que criminaliza la disidencia, la discrepancia interna y aplica una caza de brujas a los técnicos que no se someten a las directrices de sus superiores. El grado de desconfianza de Marti y su equipo en el cuerpo técnico ha hecho que el CSN haya decretado la confidencialidad de los informes sobre el basurero nuclear y Garoña.
Sólo pueden tener acceso a la información de esos informes los técnicos que estén directamente involucrados en esos trabajos. El resto de técnicos tiene vetado acceder a estos estudios, al igual que el Pleno, al que sólo llegan los documentos finales. Es más, el CSN tiene montado un sistema para vigilar las comunicaciones de todos sus trabajadores, especialmente las que se establecen de puertas afuera, según han denunciado fuentes internas del supervisor.
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