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La juez exime a Sol Daurella y su equipo de los 3 delitos que se les imputaban por el cierre de Cacaolat

El caso del desmantelamiento de la fábrica de Cacaolat en Utebo (Zaragoza), que compró a medias Coca-Cola y Damm, ha sido sobreseído. Los sindicatos han recurrido a la Audiencia Provincial.

Sol Daurella, entrando a los juzgados de Zaragoza el pasado noviembre
Sol Daurella, entrando a los juzgados de Zaragoza el pasado noviembre ARAGÓN TV

Sol Daurella y uno de sus hombres fuerte en Coca-Cola Iberian Partners han sido por el momento eximidos de los tres delitos que se les imputaban en relación al cierte de la fábrica de Cacaolat en Utebo (Zaragoza). La juez de instrucción del juzgado número 5 de la capital aragonesa decidió tras escuchar a los imputados decretar el sobreseimiento libre del caso al no apreciar que se hubieran producido ninguno de los 3 delitos que señalaba la acusación: estafa procesal,administración desleal y delito contra los trabajadores.

El procedimiento legal por el cierre de Utebo en Zaragoza data de 2011

La defensa del comité de empresa recurrió esta decisión de la juez y el caso se encuentra ahora en la Audiencia Provincial de Zaragoza, que deberá tomar una decisión sobre si se cierra definitivamente o se reabre. Se trata de la segunda ocasión en que un juez (en este caso han sido dos distintos) archiva la causa por no observar indicios de delito, de un caso que se remonta a 2011. Cacaolat entró en concurso de acreedores lastrado por la pésima gestión del grupo al que pertenecía, Nueva Rumasa. Un consorcio formado por Damm (Demetrio Carceller) y Cobega, el antiguo embotellador catalán de Coca-Cola (Daurella) presentó el proyecto que fue aceptado por los administradores concursales: alrededor de 70 millones pagaron por la marca (con dos fábricas, una en Barcelona y una en Zaragoza) gracias a que presentaron un proyecto ambicioso de mantenimiento de la producción y el empleo.

Es CCIP quien ha explicado este caso al regulador norteamericano de los mercados SEC, a quien se está informando dado que el próximo 24 de mayo, todos los accionistas de Coca-Cola, Inc. (la matriz norteamericana) deberán votar si aceptan la fusión tras la que se creará el próximo coloso del embotellado europeo, Coca-Cola European Partners. Parte del equipo directivo de CCIP se encuentra con viajes constantes a Londres cerrando fecos de esta operación.

CCIP explica así sus conflictos legales en España: "Una minoría de trabajadores de Fuenlabrada mantiene una querella en Madrid contra la directora ejecutiva de Olive (la sociedad que tiene las acciones de CCIP), Sol Daurella Comadrán, y su director general, Víctor Rufart, que en principio serán presidentes de Orange (la antigua European Partners). Se les imputa una violación criminal de los derechos de los trabajadores por surtir a Madrid con productos de fuera de Madrid (...) También se han abierto otras querellas en un juzgado de Zaragoza sobre Daurella, como directora de Cacaolat, S.A., por empleados que alegaron violaciones de la ley que afectaban a sus derechos conectados con el proceso de insolvencia de Cacaolat. Una juez ha decretado el archivo definitivo de la causa (sobreseimiento libre) argumentando que las acusación no constituían delito. Este mandato (que de ser confirmado, pondría fin al proceso judicial) ha sido apelado por los querellantes, y el resultado de la apelación está pendiente".

Incumplimientos

Los trabajadores de la planta de Utebo (Zaragoza), aseguran que Daurella no cumplió con nada de lo prometido una vez adquirió la empresa. En lugar de mantener las inversiones, los trabajadores denuncian que se redujo totalmente la apuesta por la factoría maña y que se trasladó toda la producción a la planta de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en contra de lo estipulado. Para la plantilla aragonesa, tres oleadas de despidos que acabaron con el cierre de la planta hace ahora dos años. "Ellos nos hicieron muchas promesas y se le concedió a pesar de que había muy buenos proyectos industriales de Central Lechera Asturiana o de Calidad Pascual. En febrero de 2012 se hicieron con la planta y en junio de 2012 hicieron un ERE para el 50%. En octubre de 2013 cerraron. Prometieron 4 millones de euros de inversiones para competir y desde el día 1 nada", declaró en su momento Pablo Sanz, miembro del comité de empresa de Cacaolat en Utebo.

Desde Cacaolat se ha recordado a este periódico que, según su punto de vista, los sindicatos tratan de mantener con vida el caso de forma artificial, pero ya han sido dos jueces distintos los que no han visto delito. Cacaolat vive ahora una segunda oportunidad centrado en su posición de liderazgo en Catalunya y con campañas de marketing a nivel nacional.

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