El funcionario que suspendió la subasta del aeropuerto de Ciudad Real, imputado por posible delito de prevaricación

La juez María Dolores García Benítez, del juzgado de instrucción número 1 de Ciudad Real, ha dispuesto en un auto comunicado esta semana incoar diligencias previas y practicar las que fueran necesarias, así como dar cuenta al Ministerio Fiscal, para determinar si el secretario judicial que el pasado jueves decidió por sorpresa suspender la subasta del aeropuerto de la localidad manchega, prevista para el viernes, cometió delito de prevaricación. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, en la que aparece como imputado Gregorio Pérez Fernández-Mayoralas" dice el auto de la magistrada.

Hasta la administración concursal designada por el juez del juzgado mercantil considera que la decisión del secretario judicial no tenía fundamento

El viernes pasado debía haberse celebrado en el juzgado mercantil de Ciudad Real la subasta del aeródromo, abandonado ya hace cinco años. La compañía propietaria del aeropuerto, CR Aeropuertos, fue declarada en concurso necesario en 2009, y la administración concursal había organizado la subasta dentro del proceso de liquidación en el que se encuentra ya la compañía. La única oferta factible que hasta ahora ha aparecido por el activo en los últimos cinco años era la que el jueves al mediodía presentó una compañía, con un aval de dos millones para participar en la subasta. Sin embargo, minutos después de ser presentada dicha oferta, el secretario judicial suspendió la subasta que debía celebrarse a las 11 de la mañana del día siguiente.

El secretario judicial, Gregorio Pérez Fernández-Mayorales, explicó el jueves en una diligencia que el pasado 12 de junio la administración concursal de CR Aeropuertos presentó un escrito puntualizando condiciones específicas sobre el proceso "que no han podido ser conocidos por los posibles postores con la antelación establecida" por lo que se acuerda "la suspensión de la subasta". Dichas condiciones se referían a la posibilidad que se otorgaba a los postores de comprar también terrenos de uso industrial junto al aeropuerto. La empresa que pretendía participar en la subasta denunció en una comisaría de Ciudad Real la actuación del funcionario, al entender que esas condiciones sí habían sido debidamente comunicadas. En el auto en el que se dicta incoar diligencias la juez informa que procede su abstención ya que la magistrada desempeñó su cargo en el juzgado que dictó este año providencia señalando la fecha de la subasta.

Maniobra dilatoria

Hasta la administración concursal designada por el juez del juzgado mercantil considera que la decisión del secretario judicial no tenía fundamento. El 19 de junio, el día que debía celebrarse la subasta, los administradores concursales presentaron a primera hora de la mañana un escrito ante el juzgado en el que advertían que la solicitud de suspensión del proceso era "una maniobra dilatoria" ya que el derecho de opción de compra cuestionado "ni siquiera se refiere a los bienes subastados ni hace referencia al procedimiento de subasta". Los administradores ofrecían al juez revocar la decisión del secretario judicial y celebrar la subasta a la hora prevista de ese día "para eliminar cualquier duda de legalidad que hipotéticamente pudiera existir".