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El banco malo cuenta ya con 7 accionistas: Santander, Caixa, Sabadell, Popular, Mapfre, Catalana Occidente y Mutua Madrileña

Luis de Guindos

El accionariado del futuro banco malo va tomando cuerpo. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo del que depende la Sareb, ha logrado ya el compromiso de siete entidades para convertirse en inversores de la entidad que aglutinará un gran volumen de los activos tóxicos inmobiliarios de la banca española. En total, cuatro bancos y tres aseguradoras han dado ya el sí a su participación en el banco malo.

Al Santander, que fue la primera entidad en apoyar el proyecto que liderará Belén Romana, se han ido uniendo en los últimos días La Caixa, Sabadell y Popular, por parte de la comunidad bancaria. Mientras, el mundo asegurador cuenta ya con tres representantes: Mapfre, Mutua Madrileña y Catalana Occidente. En los próximos días podría cerrarse el acuerdo con Zurich.

Las aseguradoras, por separado, han mantenido ya el primer contacto con Belén Romana a lo largo de esta semana. En estos encuentros se han cerrado algunos de los flecos que han venido reclamando las entidades desde la proposición inicial que realizó el FROB al sector financiero y asegurador. Además, en estos encuentros, las tres aseguradoras conocieron el montante de su inversión. Al igual que sucede para los bancos, las aportaciones de cada entidad están en consonancia con el porcentaje individual en el volumen total del negocio.

Así, Catalana Occidente, la menor en tamaño de las tres aseguradoras, invertirá 15 millones, justo la mitad que Mutua Madrileña (30 millones). Por su parte, Mapfre, la multinacional del seguro presidida por Antonio Huertas, aportará algo más de 40 millones. Tanto el FROB como Economía continúan con su ronda de contactos en el mundo del seguro para intentar atraer a alguna otra firma que compense así las posibles ausencias tanto en el sector bancario como entre los inversores internacionales.

Hasta la fecha, BBVA mantiene su negativa a convertirse en accionista de la Sareb, como informó este medio, a pesar de que se mantienen los contactos entre el banco, Economía y el FROB. Las autoridades intentan reconducir la situación puesto que la ausencia del gigante bancario dejaría tocada la imagen del proyecto. De no ser así, el resto de entidades tendrían que cubrir los 500 millones asignados al banco presidido por Francisco González. Esta misma cantidad tendrán que cubrir Santander y La Caixa, entre equity y títulos de deuda de la Sareb. La aportación de Sabadell y Popular aún no está cerrada. El rango determinado por Economía oscila entre los 200 y 300 millones. Ambas entidades se encuentran aún negociando los últimos flecos de su entrada.

La banca aportará el 80% de la inversión privada; las aseguradoras, el 10% y Economía confía en encontrar fondos extranjeros que aporten el 10% restante

La Sareb contará con un 55% de accionistas privados para que el resultado de su ejercicio no consolide en las cuentas públicas. En total, el capital privado tendrá que aportar 2.200 millones. La mayor parte de la carga de esta inversión privada, según el diseño de Economía y el FROB, corresponde a la banca. Así, las entidades financieras tendrán que soportar una horquilla del 70% al 80% del total de las aportaciones. Al mundo asegurador le corresponde un 10%. Mientras, Economía espera recaudar de los inversores extranjeros una horquilla del 10% al 20%.

Por el momento, las autoridades españolas no han logrado convencer a ningún inversor foráneo para aportar capital en la Sareb. Economía ha encargado a dedo a Goldman Sachs, Citi, Barclays, Nomura y Nmas1 la búsqueda de fondos extranjeros para que no sólo aporten credibilidad al proyecto sino también un necesario capital.

A lo largo de esta semana se ha constituido la promotora de la Sareb como sociedad anónima con un capital social de 60.000 euros, de forma que cuando se dé entrada a los socios privados se procederá a una ampliación de capital. La puesta en marcha de la Sareb permitirá a partir de hoy iniciar los trabajos para la trasferencia de activos por parte de las entidades del Grupo 1 (las nacionalizadas). Este proceso debe terminar el 31 de diciembre, tal como establece el MoU.

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