Infraestructuras

¿Otro Castor? ACS negociará con el Gobierno el milmillonario pleito de la AP-7 si compra Abertis

La compañía que preside Florentino Pérez tratará de lograr un acuerdo amistoso con el Gobierno si finalmente se hace con el control de Abertis para que el Estado afronte los casi 1.500 millones de euros que debe pagar a la concesionaria por la modificación del convenio de concesión de la AP-7.

Florentino Pérez, presidente de ACS.
Florentino Pérez, presidente de ACS. Europa Press

La batalla judicial que mantienen Abertis y el Gobierno a cuenta de la modificación de la concesión de algunos tramos de la AP-7, que podría obligar al Estado a compensar a la compañía con más de 1.600 millones de euros, podría sufrir un vuelco si finalmente ACS se hace con el control de la concesionaria de infraestructuras. El grupo que preside Florentino Pérez tratará de negociar en tal caso con el Ejecutivo para recibir la compensación que, por ahora, los tribunales consideran que le corresponde a Abertis pero que el Gobierno no está dispuesto a afrontar al estimar que no tiene la obligación de hacerlo.

ACS tratará de aprovechar la buena sintonía con Moncloa en el asunto relacionado con la batalla por el control de Abertis. El grupo constructor y de servicios prepara una OPA por la concesionaria que compita con la lanzada el pasado mes de junio por la italiana Atlantia, una operación que desde el primer momento no fue del agrado del Ejecutivo.

El mercado da por hecho que la oferta que trata de articular ACS cuenta con el apoyo gubernamental y que es contemplada como la única alternativa para que Abertis no termine en manos italianas. De esta forma, ACS intentará beneficiarse de esta situación planteándole al Gobierno alcanzar un acuerdo que ponga fin al pleito en los tribunales y permita que Abertis cobre la compensación. Siempre y cuando, claro está, la empresa que preside Salvador Alemany acabe bajo el control de ACS.

El conflicto que mantiene Abertis con el Estado por la AP-7 es uno de los asuntos candentes de la operación para hacerse con la concesionaria de infraestructuras. Como resultado de la modificación del convenio para la explotación de determinados tramos de la AP-7, la compañía debía llevar a cabo obras de mejora y ampliación en la autovía con el compromiso del Estado de compensar a la empresa si se producía un descenso acusado en los tráficos.

Batalla judicial

Un factor que terminó dándose y, además, de forma notable, toda vez que el nuevo convenio se firmó en 2006, justo antes de que llegara la crisis y sus efectos comenzaran a repercutir en la actividad económica.

La falta de acuerdo entre Abertis y el Ejecutivo derivó en causa judicial. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a Abertis y condenó a la Administración Central a compensar a la empresa con 1.494 millones de euros (cantidad que Abertis ha revisado al alza hasta 1.621 millones por el transcurso del tiempo). El Gobierno recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo y, además, el Consejo de Ministros aprobó un informe que aseguraba que no le correspondía afrontar esa compensación.

La intención de ACS pasa por acortar plazos y, además, salir victoriosa en este asunto. Así, Florentino Pérez repetiría la jugada realizada con el polémico almacén de gas Castor

El proceso judicial y la negativa del Ejecutivo prometen alargar durante un tiempo largo la solución al conflicto. La intención de ACS pasa por acortar plazos y, además, salir victoriosa en este asunto. Así, Florentino Pérez repetiría la jugada realizada con el polémico almacén de gas Castor, del que una de las filiales de ACS era socio mayoritario.

La compañía percibió una compensación superior a los 1.300 millones de euros tras revertir la concesión del almacén al Estado debido a que su puesta en marcha provocó cientos de movimientos sísmicos de pequeña magnitud en las costas levantinas.

Apoyo de dos o tres fondos

En ese caso, el Real Decreto que articulaba la concesión incluía que el Estado debería llevar a cabo esa compensación aunque se tratara de un caso de dolo o negligencia. Como en el caso de la AP-7, el Gobierno trató de frenarlo en los tribunales impugnando el Real Decreto pero el Supremo terminó fallando en contra del Ejecutivo.

Mientras, ACS prosigue analizando la posibilidad de lanzar la contraoferta por Abertis. En su búsqueda de apoyos financieros para afrontar una operación valorada en casi 17.000 millones de euros, el grupo constructor ha sondeado el interés de diversos fondos de inversión especializados en infraestructuras, en mercados como el norteamericano, el australiano y el asiático.

La intención de ACS pasa por recabar, a lo sumo, la participación de tres fondos, a fin de poder afrontar la operación con garantías, aunque desde el punto de vista de la gobernanza complicaría la maniobra.



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