Publicado: 01/02/2016 04:00
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas controla el 100% del capital de Acuamed a través de Patrimonio del Estado y, por ello, cuenta con cuatro representantes en el Consejo de Administración de la misma. El departamento de Agricultura gestiona la compañía y cuenta con otros cuatro vocales en el máximo órgano de decisión. Por su parte, Presidencia, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, sienta a dos miembros y Economía a uno. Además, uno de los cuatro consejeros de Hacienda, Ángel Álvarez, está en nombre de la Intervención General del Estado, organismo que tiene la obligación de velar por los intereses del Ministerio que dirige, en funciones, Cristóbal Montoro, y por extensión, por los intereses del Estado español y el erario público.
Sólo el consejero Ricardo de Alfonso mostró su "preocupación" por la "existencia de partes de alguna obra que pudiera haber sido certificada sin que realmente se hubiera ejecutado", según el acta del Consejo
Los cuatro de Hacienda reportan a Pilar Platero, subsecretaria de Hacienda, número 3 del Ministerio responsable de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Los cuatro de Agricultura reportan al Secretario de Estado de Medio Ambiente, que como tal preside Acuamed, y que hasta junio de 2015 fue el ya dimitido Federico Ramos de Armas (ahora ocupa su puesto Pablo Saavedra). Sólo uno (Ricardo de Alfonso López) de todos los consejeros que representan al Gobierno en Acuamed mostró interés en mayo de 2014 por la denuncia que destapó la trama y que había sido presentada por Francisco Valiente, director de Ingeniería y Construcción hasta su fulminante despido el 2 de abril de ese año.
Es el único consejero que intervino preocupado por lo denunciado, según las actas. El resto del consejo, manejado por el director general, Arcadio Mateo, supuesto jefe de la trama corrupta, no movió un dedo hasta que en noviembre de 2014, siete meses después de la denuncia, se vieron obligados a crear un Comité de Control Interno para auditar las obras después de que la Fiscalía Anticorrupción mandara un requerimiento de información a la compañía por las supuestas irregularidades que ya se estaban investigando. Según demuestran las actas de los consejos publicadas en los últimos días por Vozpópuli, la denuncia del amaño de contratos durmió el sueño de los justos hasta noviembre de 2014. Todos los consejeros, excepto uno, guardaron silencio, mientras el tándem Ramos de Armas/Arcadio Mateo trataba de posponer, mes tras mes, el estudio de la denuncia de Valiente.
Partida en los PGE
Este supuesto pacto de silencio del Consejo de Acuamed era sólo el principio de la "indolencia que mostraron después ante las sospechosas partidas presupuestarias que se propusieron para cubrir sobrecostes y pagar comisiones", añaden las fuentes cercanas a la investigación consultadas. El auto del juez Eloy Velasco afirma que "se consignaron cerca de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2015, manteniéndolos solo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones". Los incrementos presupuestarios propuestos, que incluyen la comisión de 9,5 millones de euros que se iba a pagar a FCC, pasaron por el consejo y fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda. Ninguno de los cuatro consejeros del Ministerio, ni siquiera el representante de la Intervención General del Estado, ni por supuesto el resto de consejeros, alertaron de que esas nuevas partidas parecían sospechosas.
Los incrementos presupuestarios son revisados por el Consejo y tienen que estar autorizados por Hacienda. Nadie avisó de que las partidas parecían sospechosas
Además, estas partidas, tras pasar el filtro del consejo, son revisadas por la Dirección de Patrimonio y, en última instancia, por el Subsecretaría de Hacienda. Ellos no las abortaron. Fue la denuncia de Valiente la que dio al traste con el plan propuesto conjuntamente por el presidente de la sociedad y entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, y su hombre de confianza, el ahora detenido Arcadio Mateo, presunto jefe de la trama corrupta. Uno correo electrónico intercambiado entre ambos los delata.
El auto de Velasco deja claro que estas partidas pasaron todos los filtros y fueron recogidas en los PGE de 2015 y 2016: "Los presupuestos Generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa 'compensación indebida' pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio [de Agricultura], fijando un monto de diez millones, más veinte millones para hacerlo [el proyecto de los arreglos de la desaladora de Bajo Almanzora en Almería tras una inundación], no llegando a ejecutarlo inicialmente al conocer la denuncia que ha originado la presunta a usa en Fiscalía".
Hacienda miró para otro lado
Acuamed depende jerárquicamente de Agricultura, que es el Ministerio responsable de su gestión, pero "Hacienda es el propietario y el Ministerio de tutela, de forma que cualquier partida presupuestaria o incrementos presupuestarios para proyectos concretos tienen que ser visados por los consejeros que defienden los intereses del accionista [los cuatro en representación de Hacienda] y luego revisados por la responsable de la Subsecretaría y de Patrimonio [Pilar Platero, número 3 de Montoro]", remacha una fuente cercana al Gobierno al tanto de la situación creada tras la Operación Frontino de la UCO de la Guardia Civil.
"Pese a que el consejo debió sospechar de algunos sobrecostes injustificados, todos sus miembros firmaron, año tras año, las cuentas de la compañía y sus estados financieros"
Lo que no ha quedado aún definido por la investigación es si los 9,5 millones de euros [que Velasco redondea a 10 millones en su auto] de comisión que se iban a pagar a FCC se vieron de forma desagregada en el Consejo de Administración. El 23 de junio de 2013, el presidente de Acuamed enviaba un correo electrónico a Arcadio Mateo preguntando "si podemos llevar como pide la contratista [FCC] la liquidación pendiente de la obra al consejo de administración del mes de julio por valor de 9,5 millones de euros. (…) Así vamos avanzando con esta gente a la que debemos bastante dinero en otras obras". El correo iba con copia a otro alto cargo de Agricultura, la directora general del Agua, Liana Ardiles, que era vicepresidenta de Acuamed. Fuentes oficiales de Hacienda afirman que fueron los consejeros de Acuamed los que echaron para atrás la comisión que se iba a pagar a FCC.
Agricultura se justifica
Consultado por Vozpópuli, el Ministerio de Agricultura matizó que "en los presupuestos anuales deben constar los gastos que se prevén para el ejercicio, según información que suministra la empresa, pero no implica su pago. En este sentido, y tal y como se explicó en el comunicado [del martes] que emitió el Ministerio: ni la liquidación correspondiente a los trabajos ejecutados por la UTE en el marco del contrato de proyecto, obra, operación y mantenimiento de la planta desaladora Bajo Almanzora, ni la liquidación del proyecto complementario suscrito con la misma UTE en 2009, ni la reclamación de dicha UTE relativa a los daños ocasionados por la riada de septiembre de 2012 han sido abonados por la sociedad Acuamed, ya que su consejo de administración nunca procedió a aprobar ni estas liquidaciones ni el pago de los costes de reparación de la planta desaladora. La única partida presupuestaria de la sociedad Acuamed relativa al concepto “Reparación desaladora de Bajo Almanzora” corresponde a los presupuestos del año 2016. Dicha partida, que asciende a 14,55 millones y no ha sido ejecutada, corresponde a habilitación de crédito, sin constituir obligación alguna de gasto".
No consta que el juez Eloy Velasco haya citado a declarar a la Audiencia Nacional a ninguno de los consejeros de Acuamed
"Pese a que el consejo de Acuamed debió sospechar, y quizá conocer, algunos de los sobrecostes injustificados en los últimos años, todos sus miembros procedieron a firmar, año tras año, las cuentas de la compañía y sus estados financieros", reseña la fuente cercana a la investigación consultada por este diario, que además recuerda que siempre "se pasó por alto las salvedades realizadas por el auditor durante seis años y que, aunque no tenían relación con la trama, sí que avisaba de la contabilidad incorrecta de sus costes que hacía Acuamed". Los consejeros de Acuamed jamás pusieron en marcha medida alguna para corregir estos errores de contabilidad que, año tras año, el auditor reseñaba en su apartado de salvedades. No ha trascendido si alguno de los consejeros ni altos cargos del Gobierno relacionados con Acuamed ha sido citado por el juez para declarar.
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