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Carlyle entierra su peor pesadilla en España: el concurso de Orizonia no será culpable

La administración concursal de Orizonia ha alcanzado un acuerdo con la sociedad estadounidense Carlyle para que el concurso del grupo turístico sea declarado fortuito y no culpable. La firma de inversión donará 10 millones para pagar a exempleados de la compañía.

Protesta de trabajadores de Orizonia, en 2013.
Protesta de trabajadores de Orizonia, en 2013. Efe.

La administración concursal de Orizonia y la representación legal de la sociedad de capital riesgo Carlyle han alcanzado un acuerdo por el cual el concurso del grupo turístico será declarado fortuito, y no culpable como en un principio habían reclamado los administradores nombrados por el juez. Carlyle entierra así su peor pesadilla en España: el concurso de Orizonia es la mayor quiebra ocurrida en el sector turístico español y la administración concursal solicitaba una indemnización a la firma estadounidense de 159 millones de euros.

El pasado 9 de marzo los administradores concursales y los abogados de Carlyle firmaron un acuerdo por el que la sección de calificación del concurso -en el que este podría ser declarado culpable, lo que hubiera supuesto una posible sanción económica y un grave perjuicio a la imagen de la firma estadounidense- terminaría declarando fortuitos los concursos de las sociedades que integraban el grupo Orizonia. El pacto está pendiente de la aprobación del Ministerio Fiscal.

La administración concursal no incluyó como causa del concurso de Orizonia la crisis económica

El acuerdo contempla que Carlyle contribuirá con 10 millones de euros para facilitar la liquidación de las sociedades de Orizonia y que puedan saldarse las cantidades adeudadas a los antiguos empleados de las empresas concursadas. La administración concursal de Orizonia, integrada por Luis Pérez González (designado por Sabadell) y el despacho Insolnet, será la encargada de administrar los 10 millones donados por Carlyle. La sociedad de inversión ha estado legalmente asesorada en el proceso por Latham & Watkins y Vialegis Abogados.

Carlyle creó Orizonia tras la adquisición en 2006 de Iberostar por 844 millones de euros. Las 21 sociedades que conformaban el grupo Orizonia, con 5.000 empleados, se declararon en concurso de acreedores en marzo de 2013, con más de 2.000 millones de euros de deuda. Las compañías Barceló y Globalia tantearon la compra del grupo poco antes de la declaración del concurso, sin éxito. En mayo de 2014 Orizonia entró en liquidación.

La administración concursal ha sostenido hasta ahora, básicamente, que el motivo de la quiebra del grupo fue que no pudo mantener la actividad por la elevada deuda que mantenía, procedente de la compra por parte de Carlyle de Iberostar. El precio de la adquisición fue cargada a la contabilidad de las empresas de Orizonia, no a la firma de inversión estadounidense, afirmaba la administración concursal.

Más allá del fracaso de la inversión en Orizonia para Carlyle, la posibilidad de que el concurso fuera declarado culpable suponía una grave amenaza para la imagen de la sociedad estadounidense, una de las mayores firmas de inversión en el mundo y que ha tenido entre sus consejeros a personalidades como el expresidente de EE UU George Bush, o el ex primer ministro británico John Major. Y aunque previsiblemente Carlyle habría recurrido hasta el Tribunal Supremo una declaración de concurso culpable, los 159 millones que la administración concursal reclamaba a la sociedad tendrían que haber sido al menos provisionados en sus cuentas.

Carlyle gestiona activos en el mundo por un valor cercano a los 200.000 millones de dólares. En España vendió Telecable por 640 millones de euros a la sociedad británica Zegona en 2015, y adquirió el grupo de alimentación Palacios. El pasado año compró la empresa gallega de pizarra Cupa y se desprendió de la participación en Bolsa que mantenía en la multinacional española de certificación Applus+.

No se tocó a Santander

El acuerdo entre las partes para acelerar la liquidación de Orizonia y evitar la declaración de concurso culpable, se ha producido después de que el juez haya tumbado otra de las pretensiones de la administración concursal -una reclamación de 60 millones a Barceló- y de que Carlyle presentara unas alegaciones contra la declaración de concurso culpable que dejaba la solicitud de los administradores al borde de la temeridad.

Los abogados de Carlyle negaron contabilidad irregular por el tratamiento del fondo de comercio, simulación patrimonial ficticia, o ventas fraudulentas, y defendieron que el nivel de diligencia ante la situación de Orizonia por parte de la sociedad estadounidense fue ajustado a lo exigido por la legislación mercantil. Además advirtieron en su escrito de oposición a la declaración de concurso culpable que la administración concursal había pasado por alto dos factores relevantes.

En primer lugar, los administradores no hiceron alusión en su solicitud de concurso culpable a la crisis económica, principal causante en opinión de la defensa de Carlyle del concurso de Orizonia. Una prueba pericial encargada a la firma Forest Partners destaca que el número de pasajeros en el negocio de los touroperadores pasó de más de dos millones en 2007 a 1,1 millones en 2012, y que entre 2008 y 2013 quebraron empresas turísticas tanto españolas como internacionales (Marsans, Club Vacaciones, Nobeltur; XL Leisure y Holidays4U en Reino Unido; Lanta Tur en Rusia; o Globespan en Esocia).

En segundo lugar, la administración concursal excluyó de cualquier responsabilidad a los administradores designados en Orizonia por la sociedad de capital riesgo española Vista Capital, controlada por Santander, que era accionista del grupo turístico. Los abogados de Carlyle defienden también la actuación de los administradores de Vista en Orizonia, pero se preguntaban en sus alegaciones por qué la administración concursal se empeñó en cargar contra la firma estadounidense y no también contra la española.

En opinión de los abogados de Carlyle, la administración concursal de Orizonia perseguía la calificación de concurso culpable para cubrir el previsible déficit en el que incurriría la liquidación de la compañía.



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