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Sebastián y su 'número dos' frenaron la norma para exigir a las eléctricas los 3.400 millones

Pedro Marín decidió "no seguir adelante" porque la entrada en vigor de la Orden "habría sido un desastre", generaría "incertidumbres" en un sector que él quería "estabilizar" y provocaría la "judicialización", conocedor de los 14 contrainformes elaborados por los bufetes para las eléctricas. Enterró la norma, permitió la prescripción y las compañías no tuvieron que devolver los 3.400 millones cobrados de más.

Miguel Sebastián y Elena Salgado fueron acusados de permitir que las eléctricas se quedaran con el dinero. La investigación fue archivada.
Miguel Sebastián y Elena Salgado fueron acusados de permitir que las eléctricas se quedaran con el dinero. La investigación fue archivada. EFE

Pedro Marín, nombrado Secretario General de Energía en abril de 2008 por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, decidió frenar la propuesta de Orden de liquidación de los CTC cobrados de más por las eléctricas, que fue heredada de su predecesor, Ignasi Nieto.

Nieto, que había sido Secretario General de Energía con el ministro Joan Clos en el primer Gobierno de Zapatero, había intentado por todos los medios sacar adelante esa norma, aguantando la presión ejercida por las compañías eléctricas, a las que se les habría exigido devolver unos 3.400 millones de euros cobrados de más en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC).

Pero fue llegar el nuevo Gobierno, el nuevo ministro y el nuevo Secretario de Energía y todo se truncó. Así lo reconoce el propio Marín, en su declaración como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción en la investigación abierta para buscar a los responsables políticos de que el sistema eléctrico y los consumidores se quedasen sin recuperar esos 3.400 millones de euros.

Sebastián y Marín, presionados por las compañías, prefirieron no enfrentarse a ellas y centrarse, según el segundo, en dotar de "estabilidad" al sector

“El declarante [Pedro Marín] y su equipo decidieron que lo más conveniente era no seguir adelante con la Propuesta de Orden de Liquidación y centrarse en la tramitación de lo que fue el Real Decreto Ley 6/2009. En ese momento se intentó hacer algo con visión de conjunto para estabilizar el sector”, afirmó el ex secretario de Energía ante el Fiscal, Luis Rodríguez Sol.

Marín sustenta su decisión en los “muchos problemas técnicos respecto a la viabilidad de la liquidación de los CTC y muchas cuestiones a las que la normativa no daba una respuesta clara” y en los posibles “factores externos” que podrían influir en la decisión.

Además, Marín se muestra firme en su decisión porque “tenía la seguridad que si se producía [sic] una normativa para practicar la liquidación el tema se judicializaría y el futuro sería incierto. El declarante está convencido que hasta el día de hoy todavía se estaría discutiendo”.

Según las fuentes al tanto de lo ocurrido en aquellos meses, esos factores externos y ese miedo a la judicialización que muestra Marín ante el Fiscal demuestran el éxito de la andanada lanzada por las grandes eléctricas para presionar al nuevo Gobierno, con el objetivo (cumplido) de parar la norma.

Marín reconoce que las compañías jugaban con ventaja porque conocieron el borrador de la Orden y pudieron desbaratarlo con 14 contrainformes

Como ha publicado este diario, las compañías tuvieron acceso al borrador de la Orden (“la Orden se filtró a la prensa y por ese motivo las empresas eléctricas prepararon sus contrainformes, que enviaron al Ministerio”, reconoce Marín) y encargaron a una legión de abogados unos 14 informes para rebatir los argumentos incluidos en el borrador de la norma para poder reclamar el dinero cobrado de más.

Prepararon toda su artillería jurídica y desplegaron toda su fuera de lobby, recuerdan las fuentes consultadas, para convencer al ministro Sebastián y a su ‘número dos’ de que habría más consecuencias negativas que positivas si la Orden llegaba al BOE.

Marín así lo corroboró en su declaración ante el Fiscal: “El declarante personalmente opina que de haber seguido con la tramitación de la liquidación de los CTC habría sido un desastre porque habría generado incertidumbre y, en el muy probable caso de que la liquidación hubiera resultado negativa, se habría dado una imagen negativa de la Administración, en un momento de gran incertidumbre y de necesidad de estabilidad para el sector eléctrico y el conjunto de la economía”.

Recuerda Jorge Sanz, ex director general de Energía con Clos de ministro, ante el Fiscal que “ante la posibilidad de que las empresas eléctricas recurrieran la Orden una vez aprobada y el riesgo jurídico asociado a la misma, parecía razonable valorar un eventual pacto con las empresas de cara a plantear una compensación económica alternativa”, compensación que nunca llegó, señalan las fuentes al tanto del proceso.

Marín sabía que al enterrar la norma, el derecho de reclamación de los CTC prescribiría ese mismo año (2008), tal y como ya había advertido su predecesor, Ignasi Nieto

Así que Marín, con la anuencia de su ministro, procedió a dar carpetazo a la propuesta de Orden, a sabiendas de que el derecho de reclamación de buena parte del monto total prescribía ese mismo año 2008.

Ése era el temor de Ignasi Nieto, tal y como afirma ante el Fiscal, Jorge Sanz, que reconoce que Nieto “le da instrucciones expresas para hacer un desarrollo reglamentario de la liquidación (…). Era consciente de que había un plazo de prescripción para hacer la liquidación y recuerda que la instrucción del señor Nieto cuando se le pidió que abordara el proyecto, expresamente se refirió a esa cuestión y por eso se le pidió que lo hiciera a la mayor celeridad posible”.

La prescripción se produjo, como reconoce ante el Fiscal el primer Secretario de Estado de Energía que nombró el ministro José Manuel Soria. Fernando Marti intentó desempolvar la Orden en 2012, pero los servicios del Ministerio y la Abogacía del Estado le confirmaron que todo había prescrito.

Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción dio por finalizada la investigación, entendió que no hubo delito en la decisión de Marín de devolver la Orden al cajón del olvido y procedió a archivar el caso.

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