Empresas

Dos juzgados revientan una inspección a la CNMC al avisar a varias empresas de que iban a por ellas

Competencia tenía indicios de que habían realizado acuerdos anticompetitivos y solicitó a sendos juzgados contenciosos una orden de registro. Dos de ellos avisaron 'por error' a los interesados.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC EUROPA PRESS

¿Casualidad, error o boicot? La incesante labor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en lucha contra supuestos cárteles ha sufrido esta semana un inesperado encontronazo con la justicia. Dos juzgados contenciosos han reventado una inspección a varias empresas de publicidad sobre las que CNMC sospecha que pudieron pactar precios en sus acuerdos con la administración. Los juzgados contencioso-administrativos 11 y 13 de Madrid comunicaron a las compañías la "autorización judicial de entrada inaudita parte" la semana anterior a las inspecciones, que estaban previstas para el 24 de mayo. Estas empresas, que no deberían de saber que iban a ser inspeccionadas, dispusieron de varios días para 'adecentarse' antes de la llegada de los inspectores, según ha conocido este periódico de varias fuentes.

"Cuando las empresas leyeron la notificación que les llegó del juzgado se dieron cuenta de que eso no debería de ir para ellos y se pusieron en contacto con sus abogados. En un caso cuando llegó la inspección de competencia -inspección sin avisar, para buscar discos duros y comunicaciones telemáticas sobre todo- estos estaban esperando para acompañar en todo el procedimiento. Reconocieron que habían sido informados previamente de la llegada de los inspectores", cuenta una fuente próxima al caso que pide el anonimato. Según el auto del juez al que ha tenido acceso Vozpópuli, las compañías inspeccionadas por el regulador son Media Sapiens Spain, Carat España, Persuade Comunicación y Optimedia, que optaron a varios concursos de la administración siguiendo las bases del acuerdo marco de publicidad institucional.

Sorprende que el 'error' se haya producido en dos juzgados a la vez, sobre todo porque desde el sector aseguran que no es la primera vez que la justicia avisa a las empresas interesadas antes de que CNMC pueda entrar en sus sedes. Se sospecha que se han dado dos casos anteriores: uno de ellos se dio en Valencia (la patronal de cartón ondulado Afco avisó supuestamente a algunos de sus asociados de que iban a ser investigados) y otro en Cantabria en empresas de asfalto. Desde expertos conocedores de la actividad de competencia, se asegura que el nuevo superregulador montado por Luis de Guindos y presidido por José María Marín Quemada no gusta a todos en la judicatura ni las administraciones del Estado.

CNMC ha sido consultada por este diario pero ha preferido no pronunciarse por estar el caso todavía en curso.

Días para 'limpiar' el despacho

Aunque con la ley de Competencia se permite que CNMC pueda realizar inspecciones sin autorización judicial, las empresas o asociaciones tienen la posibilidad de negarse mientras no exista dicha autorización de un juez. El regulador debe tener muy claro que se ha producido una infracción de la ley para poder solicitar una entrada en domicilio sin autorización, pero a la hora de la verdad en la práctica necesita el permiso judicial si quiere entrar a inspeccionar.

En este caso, con varios días de adelanto sobre unas inspecciones que empezaron como muy pronto el 24 de mayo, las agencias de publicidad tuvieron tiempo para acicalarse antes de la llegada de los inspectores. Sobre ellas se sospecha el reparto de distintas adjudicaciones relativas a la administración, por lo que la inspección se centra en sus discos duros y comunicaciones telemáticas. El regulador siempre recuerda que "no todas las inspecciones han de acabar en sanción".

Por último, expertos jurídicos recuerdan que "el sistema está montado para que las empresas se despellejen entre ellas compitiendo a la baja por las adjudicaciones. Esto es lo que tal vez estas compañías publicitarias no hicieron, repartiéndose cada una una concesión distinta. El problema, sin embargo, viene del propio sistema de contratos de la administración, que opta erradamente por contratos muy grandes por lo que el reparto del mercado, desde un punto de vista empresarial, es muy lógico".



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