La CNMC se encomienda al bufete Sagardoy para intentar sofocar un conflicto con la plantilla

Ambiente caldeado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por los incumplimientos del convenio colectivo del organismo, que este atribuye a la falta de presupuesto. José María Marín Quemada, presidente del superregulador que entró en funcionamiento en octubre pasado, ha contratado los servicios del bufete Sagardoy, uno de los asesores del Gobierno para la elaboración de la última reforma laboral, para el litigio que desde el pasado abril mantiene el organismo con su plantilla en un tribunal madrileño.

En virtud de este contrato de “asesoramiento jurídico laboral”, por un importe de 43.560 euros, Sagardoy prestará asistencia al organismo tras la demanda de conflicto colectivo presentada el pasado mes de abril por el Comité de Empresa de la CNMC ante el Juzgado de lo Social número 29 de Madrid, cuya primera vista está todavía pendiente. La titular de ese juzgado fijó un acto de conciliación para mediados de junio pasado en el que no se personó ningún representante del organismo, según fuentes sindicales.

El conflicto con el personal laboral de la CNMC, que supone en torno al 64% de sus 515 empleados (el resto son funcionarios), tiene su origen en la supresión, comunicada a lo largo del pasado marzo y justificada por "la insuficiencia de crédito presupuestario”, de algunos de los complementos de los que disfrutaban los trabajadores de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) en virtud del convenio aún vigente, como los cheques de comida, las ayudas a la guardería, el seguro privado de salud, el abono transporte y los cursos de formación para los empleados.

Una recorte que para el personal peor remunerado de la institución equivale a una reducción de sueldo del 25%, según fuentes sindicales, y que es una herencia de la anterior dirección de la CNE. Su entonces gerente, el exsecretario de Energía socialista Antonio Fernández Segura, optó por no recortar las ayudas sociales en 2012 y 2013, como le había mandatado el actual Gobierno, y hace un año optó por prorrogar el convenio del antiguo regulador energético, cuya vigencia cubre hasta septiembre.

El meollo del asunto radica en que el presupuesto de la CNMC (52,8 millones de euros para este año) no es autónomo sino limitativo, y cualquier modificación de su estructura de personal requiere el visto bueno de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A este respecto, en su última comparecencia en el Senado, el pasado 26 de junio, el presidente de la CNMC vinculó la “independencia” del organismo (tan cuestionada desde algunos sectores) con la independencia financiera, que “no es una cuestión a corto plazo, sino algo derivado de un modelo de financiación”.

“Yo estoy seguro de que a corto plazo no vamos a tener más dificultades que las derivadas de un momento de austeridad de la que nos consideramos absolutamente solidarios”, dijo Marín Quemada, que no obstante lamentó que se deje “al albur de un gobierno, el que fuere dentro de los años que sean, la posibilidad de modular, a través de la determinación de la financiación de una institución como esta, el ejercicio práctico del día a día de la institución”.

“Si se la dobla en medios se la dobla en potencia y si se le reducen a la mitad indudablemente se coarta considerablemente, si me permiten ustedes la simplificación del análisis, el papel de la institución”, dijo a sus señorías.

Desde la CNMC, que está viendo cómo el Gobierno le devuelve competencias que en principio iba a quedarse (en electricidad, las liquidaciones del sector o los cambios de suministrador) subrayan que, ni aun recortando en otras partidas podrían transferir ingresos al capítulo 1 de su presupuesto (el de gastos de personal) y confían en que los representantes de los trabajadores retiren su demanda de conflicto colectivo.

El objetivo, dicen, es “homogeneizar” las condiciones laborales de la plantilla en materia de horarios, salarios, condiciones de trabajo y medición de la productividad. Y recuerdan que existen “enormes diferencias” salariales entre funcionarios y personal laboral a favor de estos últimos.

El contencioso sigue abierto y discurre paralelo a la negociación del primer convenio colectivo del organismo, que acaba de comenzar. Este martes se celebró una nueva reunión en la que la CNMC puso sobre la mesa el riesgo de que la negociación se rompa sin que haya nuevo convenio. La reunión, a la que la dirección del superregulador se presentó con un inspector de trabajo al que propuso como “mediador” en el conflicto, finalizó sin acuerdo, según fuentes del comité de empresa.