Publicado: 28/01/2013 04:00
Nuevo capítulo en la escalada de tensión entre las petroleras y los organismos reguladores, que han criticado con dureza (aunque, de momento, con nulos resultados prácticos) el funcionamiento del mercado español de carburantes.
La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), patronal del sector, ha reclamado en varias ocasiones y de forma oficial a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que publique un informe encargado por el regulador en 2011 a la consultora Boston Consulting Group (BCG) para analizar las diferencias entre el mercado nacional de comercialización de carburantes y el francés, considerado una referencia por los reguladores en muchos aspectos.
La AOP ha reclamado al organismo dicho estudio en al menos dos ocasiones: en octubre pasado, durante una visita a la CNE del presidente de la patronal, Josu Jon Imaz, en la que el directivo de Repsol se lo reclamó personalmente a Alberto Lafuente, presidente del regulador. Más recientemente, el pasado diciembre, el director general de la AOP, Álvaro Mazarrasa, fórmulo idéntica petición en el Consejo Consultivo de Hidrocarburos, que periódicamente reúne a representantes de la Administración, las empresas y los consumidores para analizar la marcha del sector. La petición de Mazarrasa tampoco fue atendida.
El estudio en cuestión fue adjudicado a BCG por concurso público en septiembre de 2011. La CNE pagó por su elaboración 175.820 euros. Lo único que ha trascendido de ese informe, según explicó la CNE en octubre pasado, es que la consultora "llevó a cabo un análisis de las diferencias entre la información contenida sobre precios en el Oil Bulletin Petrolier", el boletín de precios que elabora la Comisión Europea, en España y Francia. Las petroleras cuestionan la metodología de ese boletín porque, sostienen, no es homogénea, lo que hace que los datos de los distintos países no sean del todo comparables.
Según la CNE, la consultora "no pudo determinar que el reporte fuera erróneo" y lo dio por bueno para efectuar sus comparativas, que no se han hecho públicos.
Una comisión interministerial entre Industria, Economía y Fomento estudia la reforma de la Ley de Hidrocarburos
"Parece que el estudio contiene comentarios que no encajan con las tesis de la CNE", señalan fuentes cercanas a la AOP, que creen que en un ejercicio de "transparencia", ese informe, pagado con dinero público, debería publicarse. Las empresas no ocultan su malestar con las críticas que han proferido reiteradamente tanto el organismo que preside Lafuente como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre el funcionamiento del mercado español de carburantes.
Una de las últimas críticas de la CNE al sector, y que ha escocido especialmente entre las petroleras, viene recogida en un informe publicado este mismo mes en el que el regulador pone el acento en la subida experimentada por los precios de los carburantes el año pasado (del 8%) pese a que la demanda registró caídas "inauditas".
Las petroleras consideran injusta esa observación por entender que, en un mercado global, la menor demanda en un mercado geográfico concreto no tiene impacto en el precio de la materia prima, al que consideran, junto con los impuestos, el principal causante de los repuntes de precios.
No obstante, las petroleras se abstienen de comentar lo que ya se conoce como "efecto lunes", una pillería descrita por primera vez por el regulador en octubre y que consiste en una bajada de precios cada lunes (cuando se informa a la Unión Europea sobre los mismos) que permite enmascarar una posterior subida durante el resto de la semana.
Boston asesoró el año pasado a la AOP en su intento por desmontar los argumentos de Competencia
Se da la circunstancia de que BCG es la misma consultora a la que contrató AOP el año pasado para intentar rebatir el enésimo informe de la CNC que constataba un "nivel insuficiente de competencia efectiva" y unos márgenes y precios del combustible antes de impuestos entre los mayores de la UE.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha prometido modificar el mercado, que en puridad es un oligopolio (buena parte está en manos de apenas tres operadores, Repsol, Cepsa y BP), mediante un cambio de la Ley de Hidrocarburos al que todavía no ha puesto fecha y que actualmente estudia una comisión interministerial formada por Industria, Economía y Fomento.
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