Publicado: 07/04/2016 19:14
Guerra abierta entre el regulador CNMC y el Gobierno a cuentas de la economía colaborativa, el sistema de organización ciudadana que triunfa en medio mundo y se basa en compartir viajes, alojamientos y otro tipo de servicios entre particulares.
Según ha sabido Vozpópuli, la Comisión de Competencia acaba de presentar un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROT) que aprobó el Gobierno sólo dos meses antes de las elecciones generales del 20-D.
Lo hizo sin consenso y presionado por los lobbies del taxi, de los empresarios hoteleros y del transporte interurbano, según se piensa en buena parte del equipo técnico de la CNMC, que había elaborado un informe favorable a la economía colaborativa que ha generado gran polémica y ha divido en dos al regulador (los seis consejeros nombrados por el PP se oponen a este informe frente a los tres consejeros que apoyan al presidente José María Marín Quemada, defensor de este tipo de economía para introducir más competencia en sectores proteccionistas).
La CNMC ya envió al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos incorporados en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015. A su vez, el pasado 9 de febrero, formuló un requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la eliminación de varios artículos incorporados en la Orden FOM 2799/2015.
“Ninguno de estos dos requerimientos previos ha sido respondido ni motivado por el Ministerio de Fomento. En consecuencia, la CNMC ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo dirigido a mejorar ambas normas y remover las restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público”, ha señalado el regulador presidido por Marín Quemada.
“Entre los principales obstáculos a la competencia establecidos en el Real Decreto y en la Orden Ministerial, que deben ser eliminados por no estar suficientemente justificados, se encuentran los siguientes:
- Límites cuantitativos a las licencias de VTC, obligación de contratación previa del servicio y prohibición de competir de forma directa en la vía
- Restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional.
- Establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar y una serie de restricciones innecesarias y discriminatorias para los nuevos entrantes relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos. Todas estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y en la Ley 3/2013 de creación de la CNMC. Estas barreras carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general. En consecuencia, la CNMC considera que deben ser eliminadas en aras de un mejor funcionamiento de la economía española”, afirma un comunicado oficial de la CNMC.
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