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Las administraciones públicas ocasionan a los bancos españoles más de 290 millones en créditos dudosos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro.

BBVA tiene un problema de 218 millones de euros por sus préstamos al sector público. Este es el importe de los activos "dudosos o deteriorados" contabilizados por la entidad y atribuidos al conjunto de las administraciones públicas, un deterioro que afecta a un 0,6% del endeudamiento total de las AAPP, tal y como consta en el último informe semestral de resultados de la entidad. En estos créditos por importe de 218 millones de euros (que en 2015 eran menos, unos 194 millones) el banco presidido por Francisco González estima que se ha perdido una parte sustancial del valor: hasta 78 millones de euros.

El problema de BBVA con sus activos deteriorados relacionados con las AAPP es el de mayor volumen de la banca española, pero no es ni mucho menos el único. De hecho, todas las entidades cotizadas y que publican sus resultados albergan en sus balances al menos una operación de financiación al sector público que le ha salido rana y ha sufrido algún tipo de deterioro. En banca, la clasificación de dudoso o deteriorado se otorga en el momento en que la entidad detecta que el acreditado presenta dificultades para atender a la devolución de su préstamo. En la práctica implica además el reconocimiento del deterioro estimado por parte de las entidades, que a su vez conlleva la anotación contable de una pérdida de valor en dicho activo y su consecuente provisión.

La entidad presidida por Ana Botín tan solo refleja en su informe que tiene contabilizadas una veintena de operaciones crediticias dudosas con el sector público

En los informes semestrales de la banca hechos públicos durante estas últimas semanas la mayoría de las entidades contabilizan y muestran su exposición a créditos tóxicos firmados con administraciones públicas. El banco menos explícito en este caso es Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín tan solo refleja en su informe que tiene contabilizadas una veintena de operaciones crediticias dudosas con el sector público, si bien optan por no cifrar el impacto económico en las cuentas de esos 20 créditos deteriorados. Tampoco se explaya precisamente Bankinter, ya que en su documentación pública también refiere solo una operación dudosa, sin entrar a cuantificar el coste para la entidad.

Bankia, más de 40 millones y Caixa, 27

Tras BBVA (y con la incígnita de Santander) la entidad con un mayor volumen de créditos deteriorados y relacionados con el sector público es Bankia. El banco nacionalizado tiene contabilizados en sus cuentas 40,9 millones de euros en operaciones de financiación de dudoso cobro, una cifra que se ha reducido prácticamente en un 33% respecto al pasado año, cuando la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri acumulaba 60 millones de euros en préstamos tóxicos a las AAPP.

Caixabank reconoce 27 millones de créditos deteriorados, de los que 21 no tendrían garantía real

Por su parte, Caixabank reconoce tener en su balance unos 27 millones de euros de dudoso cobro con los que financió en su momento a diversas instituciones públicas. De este importe, y tal y como reflejan las cuentas de la entidad catalana, la gran mayoría, unos 21,2 millones de euros en créditos, no cuentan con ningún tipo de garantía real, mientras que otros 5,8 millones contaría con garantías inmobiliarias en caso de producirse un impago de los acreditados.

La menos perjudicada a día de hoy (y a falta de que Popular publique sus cuentas) en este peculiar listado de pufos provocados por las administraciones es Banco Sabadell. La entidad presidida por Josep Oliu contabiliza en sus cuentas semestrales unos 5,4 millones de euros euros en operaciones dudosas, una cifra ligeramente inferior a la que el banco contabilizaba en 2015: unos 5,9 millones de euros.

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