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Popular espera que afloren hasta 3.700 millones en pérdidas no incurridas antes de que acabe el año

El banco presidido por Ángel Ron teme que factores de riesgo como el empeoramiento de las previsiones, la circular de provisiones del Banco de España o la baja rentabilidad del sector acaben generando "pérdidas contables" en 2016.

Ángel Ron, presidente de Banco Popular.
Ángel Ron, presidente de Banco Popular. EP

Banco Popular se enfrenta a su particular semestre fatal, en el que temen que afloren miles de millones en morosidad oculta. Esta es al menos la estimación de la propia compañía, que eleva hasta los 3.700 millones de euros las posibles "pérdidas por deterioro adicionales" registradas durante la segunda mitad del año. Para alcanzar dicha cifra se tendrían que producir, según el banco, un máximo de "potenciales" pérdidas pero "no incurridas" todavía. Así lo refleja el informe financiero correspondiente al segundo trimestre de 2016, publicado este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Junto a los 3.700 millones de euros de posibles pérdidas no detectadas hasta que se llevó a cabo la ampliación de capital, Banco Popular sumaría además durante este ejercicio unas pérdidas por deterioro de otros 1.000 millones de euros "relativas a inversión crediticia y activos inmobiliarios adjudicados" que ya estaban identificados como tóxicos desde el inicio de año, "previamente a la identificación de los factores de riesgo e incertidumbre", según señala el informe remitido a la CNMV.

El pasado 31 de marzo el Grupo "identificó" varios "factores de incertidumbre" que podrían afectar a los modelos internos de que dispone el banco para evaluar sus riesgos

¿Y cuáles son estos factores que han empujado a Banco Popular a reconocer y provisionar miles de millones en pérdidas? Tal y como detalla la entidad presidida por Ángel Ron en su informe, el pasado 31 de marzo el Grupo "identificó" varios "factores de incertidumbre" que podrían afectar a los modelos internos de que dispone el banco para evaluar sus riesgos. Eran en esencia seis posibles eventos potencialmente perjudiciales para Popular: 1) la nueva circular del Banco de España sobre provisiones, que entrará en vigor en octubre de este año, 2) el empeoramiento de las previsiones macroeconómicas, 3) la baja rentabilidad del sector bancario, 4) la incertidumbre por el Brexit, 5) la incertidumbre política en España y 6) los procedimientos judiciales a los que se enfrenta Banco Popular (cláusulas suelo, bonos convertibles...).

La incertidumbre no se despeja

A pesar de que los riesgos fueron detectados ya el 31 de marzo, todavía no se han podido despejar en su gran mayoría. Es el caso por ejemplo de la circular contable de provisiones bancarias; si bien Banco Popular está trabajando ya para adaptarse a los nuevos requerimientos en todos los sentidos, la propia entidad reconoce que "a la fecha actual no dispone de información suficiente para determinar el impacto definitivo". Tampoco cuantifica el banco el previsible impacto de las peores proyecciones macroeconómicas, afectadas por las dudas sobre la evolución de la economía china y el precio del petróleo, entre otras causas. Desde Popular, no obstante, creen que las posibles consecuencias e impactos se empezarán a manifestar en la economía real a partir del segundo semestre del año.

La entidad no tiene aún cálculos sobre el impacto de los bajos tipos, si bien están analizando opciones para ganar en rentabilidad

Tampoco se moja Popular en cuantificar posibles impactos por la baja rentabilidad del sector debido a los bajos tipos de interés y los altos niveles de morosidad y volúmenes de activos improductivos. Sí que reconoce la entidad que está trabajando en un proceso de "análisis operativo" para decidir qué medidas tomar en el sentido de convertirse en un banco más rentable. "En referencia al referéndum sobre la continuidad de Reino Unido en la UE, se mantienen las incertidumbres sobre las consecuencias que tendrá el resultado que ha supuesto el apoyo de un 51,9% a la salida", explican desde Banco Popular, que a su vez admiten también que las incógnitas también están abiertas en España en relación a la incertidumbre política y la posibilidad de que se convoquen unas terceras elecciones.

Donde sí es más concreta la entidad presidida por Ángel Ron es en cuanto a los procesos judiciales abiertos. Y es que les hace estar muy optimista el reciente dictamen del Abogado General de la UE del 13 de julio de 2016 respecto de las cláusulas suelo, en el que daba la razón a la banca respecto a no aplicar la retroactividad total a las cláusulas suelo declaradas nulas. "Está aún pendiente la sentencia final sobre la retroactividad a origen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en general, suele respetar el dictamen provisional del Abogado General", tal y como esperan desde el banco.

Más allá de la decisión que tome la justicia europea, el banco ya tiene calculados los impactos provocados por ambos escenarios. Desde finales del pasado ejercicio ya están provisionados 350 millones de euros por la eliminación de las cláusulas suelo con efectos en mayo de 2013. Pero "tras la publicación de la sentencia de la OCU el 21 de enero 2016, se creó un equipo de trabajo trasversal en el Banco con objeto de determinar la población a la que cesar las cláusulas suelo con efecto inmediato. Se revisó el perímetro afecto a la sentencia incluyendo todos los titulares de las operaciones (en la estimación de 31 diciembre 2015 solo se consideró el primer titular) e información más detallada del destino de la financiación. Como consecuencia de dichos trabajo se decide revaluar la estimación de la provisión necesaria llegando a la conclusión de que la provisión necesaria a 30 de junio 2016 es de 305 millones.

Eso sí, la posible retroactividad total de las cláusulas suelo está también calculada, si bien el banco confía en no tener que anotarse una pérdida en este sentido: "En relación con el proceso abierto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cabe señalar que a la fecha el Grupo considera como remoto el riesgo de retroactividad hasta el origen de los contratos estimado en 334 millones de euros adicionales", concluye la entidad en su informe semestral.

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