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Las CCAA 'puentean' a Rajoy y legislan sus propias normas de autoconsumo

Comunidades como Murcia, Cataluña, Baleares y Aragón, entre otras, preparan sus propias normas para fomentar la producción eléctrica desde las viviendas.

Unos técnicos colocan unas placas solares en el techo de una vivienda.
Unos técnicos colocan unas placas solares en el techo de una vivienda.

Rebelión institucional contra la última gran norma antirrenovable que sacó adelante el Gobierno de Mariano Rajoy semanas antes de celebrarse las elecciones generales del 20 de diciembre. La última andanada del dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, contra el incipiente sector del autoconsumo (generación de electricidad desde viviendas, empresas y otras instalaciones privadas) se ha topado con la rebeldía normativa de algunas comunidades autónomas, que intentan sortear las duras normas incluidas en el Real Decreto de Autoconsumo para promover este tipo de producción de energía limpia en sus zonas.

Murcia, Cataluña, Baleares y Aragón, entre otras CCAA, han puesto en marcha normas 'proautoconsumo' o están estudiando llevarlas a cabo. El caso de Murcia, comunidad gobernada precisamente por el PP, es el más claro.

El Ejecutivo dirigido por Pedro Antonio Sánchezha promovido la Ley Regional de Energías renovables que da cobertura normativa a instalaciones “aisladas del sistema eléctrico” o de “intercambio de energía“.

Murcia trabaja en el desarrollo reglamentario de las condiciones técnicas de instalaciones aisladas del sistema eléctrico, entre las que estarían las de autoconsumo

Murcia quería promover, con esta norma, el desarrollo de instalaciones de autoconsumo en una de las regiones de España con más horas de insolación. Se topó de bruces con el Gobierno central, que presentó un recurso de inconstitucionalidad pidiendo la suspensión de la Ley. Y el Alto Tribunal le ha dado un balón de oxígeno a la región, levantando esta suspensión y permitiendo que Murcia pueda definir reglamentariamente las condiciones técnicas y administrativas de este tipo de instalaciones, entre las que se incluyen las de autoconsumo.

Según el Ejecutivo murciano, el artículo 20bis, contra el que ha actuado el Gobierno central, se refería a que en esta región se consideran instalaciones aisladas, y por tanto exentas del pago de cargos al sistema eléctrico nacional, aquellas instalaciones eléctricas que a pesar de no estar aisladas físicamente utilicen medios técnicos que produzcan un efecto equivalente. Además, este artículo habilita a que las pequeñas instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como es la energía solar, previstas para el consumo instantáneo o diferido en las modalidades de autoconsumo, puedan considerarse como instalaciones de intercambio de energía, de forma que la cesión de energía no llevará aparejada contraprestación económica alguna al sistema nacional.

Cataluña y Aragón han acudido al Constitucional para presentar un recurso contra la dura norma que sacó adelante el dimitido Soria en los estertores de la legislatura

Otra de las comunidades que está trabajando en una normativa paralela a la central que permita el desarrollo del autoconsumo es Cataluña. El Ejecutivo de Carles Puigdemont ha recurrido ante el Constitucional el RD del ex ministro Soria por considerar que invade competencias de esta CCAA. Cataluña quiere un régimen propio de promoción de la generación distribuida desde hogares, una forma limpia de producir electricidad que además permite a los particulares 'independizarse' de su compañía eléctrica al producir la suya propia y echar al sistema la sobrante.

Baleares también trabaja en el diseño de una normativa que promueva el autoconsumo en las islas, mientras Aragón, cuyo Gobierno también ha recurrido el RD ante el Constitucional, se ha manifestado a favor del desarrollo de este tipo de energía.

El polémico RD de Autoconsumo podría tener los días contados sin tras el 26J se forma un Gobierno alternativo al PP. Casi todos los partidos del arco parlamentario (PSOE, Podemos, C's, PNV, Democracia y Libertad, ERC…) se han comprometido a derogar o contribuir a derogar esta norma.


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