Publicado: 15/06/2013 04:00
Hay un gran número de payeses de Lleida que aún son accionistas de Inpacsa, la filial de la papelera Torras que dio lugar a una de las piezas abiertas en su día en el caso KIO. Son ya mayores, algunos han fallecido, pero todos forman parte del colectivo de más de 8.000 accionistas minoritarios que perdieron la mayor parte de su dinero invertido en Inpacsa tras los escándalos por apropiación indebida que protagonizaron Javier de la Rosa, Juan José Folchi y Jorge Núñez.
Los tres fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2004, condena confirmada después por el Supremo en 2006, pero casi ningún minoritario ha cobrado aún la indemnización a la que tenía derecho.
Un grupo de 200 accionistas, agrupados en la Asociación de Afectados por Inpacsa (Asafi), lleva años reclamando su parte de la indemnización, cuyo monto total asciende a 51,4 millones de euros para el 100% del capital, según recoge la sentencia de la Audiencia.
Torras se ha llevado el 53% de esta indemnización, pero a la vez es responsable como accionista mayoritario de Inpacsa del pago del resto de la indemnización, que asciende a 24,1 millones.
Hay más de 8.000 minoritarios, muchos de ellos payeses de Lleida, que son accionistas de Inpacsa y no saben que tienen derecho a una indemnización
Hay más de 8.000 minoritarios de Inpacsa de los que no se sabe nada ni reclaman su indemnización, pero los 200 accionistas agrupados en Asafi siguen dando batalla y reclaman a la Audiencia Nacional que desbloquee el pago de sus indemnizaciones.
Lo hacen en un momento crucial, ya que estos días ha llegado a España Fouad Khaled Jaffar, exvicepresidente del Grupo Torras y responsable de las inversiones de Kuwait Investment Office (KIO) en España. Fue uno de los responsables de Torras y ha llegado ahora a España extraditado desde el Reino Unido para hacer frente a las acusaciones de estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas y contra la Hacienda Pública.
El caso KIO salta de nuevo a la palestra, por la llegada de Jaffar, y los minoritarios de Inpacsa siguen sin cobrar su indemnización, pese a que el Supremo confirmó la sentencia y la Audiencia dispone de la partida económica para hacer efectiva la indemnización.
Fuentes del despacho de abogados Pérez&Calero, que defiende los intereses de estos 200 minoritarios, han denunciado estos días “la pasividad de la Audiencia Nacional y la dejación en sus funciones de oficio, por no desbloquear el pago de las indemnizaciones”.
Además señalan que el grupo Torras sigue poniendo trabas para evitar el pago de las indemnizaciones y ha recurrido todas las decisiones de la Audiencia, que además ha aceptado sus tesis para determinar que a partir de 2008 se dejan de computar los intereses de demora. De hecho, del valor total de cada acción, 10,34 euros, 4,19 euros corresponden al principal y 6,15 euros a los intereses.
Estas fuentes critican también que el responsable del delito, Torras, ha sido habilitado para cobrar el 53% de la indemnización prevista, pese a que sus dirigentes (De la Rosa y Jaffar entre ellos) fueron declarados culpables.
Mientras tanto, Asafi sigue buscando por la provincia de Lleida y su entorno a los desaparecidos accionistas de Inpacsa, pues muchos de ellos ni siquiera saben que tienen derecho a esa indemnización.
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