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La Audiencia Nacional rechaza suspender de urgencia la resolución del Popular

Oficina del Banco Popular.
Oficina del Banco Popular. EFE

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de urgencia la resolución del Banco Popular, operación que acabó con su venta al Santander por el precio simbólico de un euro, tras desestimar la aplicación de las medidas cautelarísimas solicitadas por un grupo de accionistas de la entidad.

Según fuentes jurídicas, la sala de vacaciones ha desestimado la aplicación de esta medida al no apreciar urgencia alguna tras reunirse el pasado martes, si bien ha admitido a trámite el recurso y ha aprobado la apertura de una pieza separada para estudiar otras posibles medidas, aunque siempre después del verano, según publica Expansión.

Estas mismas fuentes apuntan a que además del presente recurso, pionero en solicitar la aplicación de cautelarísimas, la Audiencia Nacional continúa recibiendo a diario escritos de personas físicas o jurídicas contra la ejecución por parte del FROB de la operación de resolución instada por la Junta Única de Resolución (JUR) comunitaria.

Las medidas cautelares aparecen recogidas por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual prevé incluso la posibilidad de suspender la ejecución como una excepción sólo después de que la autoridad competente así lo estime conveniente.

Tal como sucede en el presente caso, el incidente habrá de ser valorado en una pieza separada, con audiencia de la parte contraria, en un plazo de diez días desde su apertura, tras lo cual los magistrados dispondrán de otros seis para hacer pública su decisión.

Para ello, la sala de lo Contencioso-Administrativo, deberá ponderar de forma lo suficientemente razonada el perjuicio que una eventual suspensión podría causar al interés público y el daño que la resolución del Popular ha podido generar al recurrente a consecuencia de su plena eficacia.

La admisión a tramite se produce apenas una semana antes de que expire el plazo para que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, que pudieran verse afectadas por la pérdida de sus inversiones en acciones o deuda subordinada del Popular, puedan emprender acciones por esta vía.

Este recurso se suma a los de asociaciones de consumidores como Adicae y la OCU, también pendientes de analizar por la sala y que dirigen sus acciones contra la Comisión Rectora del FROB para aclarar el procedimiento y depurar responsabilidades por una decisión que consideran contraria a derecho. De imponerse las medidas cautelares, éstas podrían estar en vigor hasta que el procedimiento o bien cuente con una sentencia firme o éste finalice por causas previstas por ley.



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