Alicia Velarde, Abengoa: "Santander nos coaccionó"

"Era una situación de coacción", afirmó el miércoles Alicia Velarde, exconsejera de Abengoa, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, refiriéndose a la posición que Santander tomó a mediados de 2015 respecto a la situación financiera de la multinacional energética.

Al igual que hizo el martes el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, Velarde trató el miércoles durante su declaración de responsabilizar a Santander tanto de la crisis del grupo sevillano como del cese de Benjumea. El expresidente de Abengoa, y también el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y los exconsejeros Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, están imputados por presunto delito de administración desleal, al permitir el pago de indemnizaciones millonarias a Benjumea y Sánchez Ortega cuando la compañía se asomaba a la quiebra. 

Gracia Díez, Velarde y Fornielles formaban parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que el 23 de septiembre de 2015 aprobó el cese de Felipe Benjumea, y una indemnización para este de 11,4 millones de euros. El exministro Josep Borrell también formaba parte de esa comisión, pero cuando se firmó el cese se ausentó de la reunión, y no está imputado.

El antiguo consejo de Abengoa está vertiendo la idea de que era Santander quien realmente administraba la compañía

A mediados de 2015 Abengoa anunció una ampliación de capital de 650 millones de euros, liderada por Santander y HSBC, que serviría para acallar las dudas sobre su deuda y su viabilidad, cuestionadas desde finales de 2014. Sin embargo, la operación no llegó a realizarse y Abengoa comunicó ese 23 de septiembre de hace dos años el cese de Felipe Benjumea como presidente. Después, el grupo negoció una alianza con la compañía Gonvarri, sin éxito, y en noviembre se declaró en preconcurso de acreedores, el mayor de una empresa en España.

En el acta de la comisión de nombramientos de ese 23 de septiembre, a la que ha accedido este diario, se informó que se había acordado el cese de Felipe Benjumea "por tratarse de una exigencia innegociable de los bancos aseguradores y financiadores de la ampliación de capital que la sociedad tiene la necesidad de abordar".

Velarde aseguró el miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que el día 14 de septiembre de 2015 Rodrigo Echenique citó a Antonio Fornielles en su despacho para decirle que tenían que echar a Benjumea, de acuerdo a fuentes presentes en la declaración, y que la ampliación de capital estaba condicionada. "Estábamos absolutamente anodadados por la irresponsabilidad cometida esa mañana", dijo ayer Velarde, "horrorizados".

Día clave

El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, y el primer ejecutivo del HSBC en el país, Pablo López Henares, están llamados a declarar hoy en el juicio y tendrán la oportunidad de desmentir al presidente de Abengoa y a los antiguos consejeros del grupo.

Durante la instrucción del proceso, Echenique ya negó haber condicionado la ampliación de capital al cese del presidente, y solo admitió que él, personalmente, había recomendado a Benjumea dejar el cargo.

Las declaraciones de Echenique y López Henares son clave. Si el cese de Benjumea fue impuesto por la banca acreedora, entonces, de acuerdo al contrato de trabajo de Abengoa con su presidente, este sí tendría derecho a cobrar la indemnización de 11,4 millones. Pero si fue un cese voluntario, no.

Además, para Santander y HSBC, dos de los principales acreedores de Abengoa, es crucial desterrar la idea que el antiguo consejo de administración de la compañía sevillana está vertiendo con sus declaraciones. Al sostener que fue Santander quien realmente decidió el cese de Benjumea, los anteriores consejeros están afirmando que era el banco presidido por Ana Botín quien realmente administraba el grupo. Una tesis que si encontrara acomodo en la sentencia del juicio convertiría a Santander no en el primer acreedor de Abengoa, sino en su principal deudor al ser su administrador de hecho.

También están llamados a declarar hoy Ignacio Gómez Sancha, socio del despacho DLA Pipper, y el exministro Josep Borrell, aunque es previsible que no de tiempo a tomar declaración a los cuatro.