De 'turbiero' a encarcelado: el 'rey del aceite adulterado' Enrique Fuentes cae por tercera vez

Un 'turbiero' o un 'diseñador' es una persona que recoge el aceite sucio que sobra de las almazaras para filtrarlo y revenderlo. Antiguo oficio, con la mejora tecnológica y mecánica del proceso de recogida de aceituna fue poco a poco despareciendo. Pero para algunos ha sido su única forma de vida y la han seguido llevando incluso entrada la vejez. Es el caso de Enrique Fuentes Ibáñez, viejo conocido de la policía, de la guardia civil, de Hacienda, de los jueces y de cualquiera relacionado con el mundo aceitero, sobre todo en Córdoba y Jaén. La Benemérita comunicó este pasado viernes que habían desarticulado una banda dirigida por él que quería introducir en el mercado 120 toneladas de aceite de girasol, palma y aguacate que iban a ser distribuidos como aceite de oliva. Fuentes (65 años), como 3 de sus socios en esta operación incluido su hijo, habían sido condenados previamente por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, falsedad documental, delito alimentario, delito contra los consumidores y estafa.

Estas son algunas de las imágenes que distribuyó la guardia civil sobre este caso.

Para los que han trabajado en el sector del aceite andaluz, la captura de Enrique y su banda no es algo soprendente. "Ellos siempre han estado muy vigilados, cambiando de una sociedad a otra. Al final siempre han sido los mismos, y en este caso este antiguo negocio turbiero incluso se pasaba de padres a hijos. Fue un submundo con el que muchos ganaron muchísimo dinero, cuando el aceite no tenía los controles analíticos que tiene ahora", asegura un experto en calidad oleolícola. El trabajo en la sombra de estos 'diseñadores' llegó a contar en su momento con empresas de cierto porte que compraban su producto, y las botellas adulteradas de Fuentes llegaron a venderse en supermercados italianos, según la policía.

Trabajo con italianos

"Ellos siempre trabajaron con cooperadores italianos que compraban aceite a granel y se lo vendían a grandes casas. Un segmento low low price, donde se vende sin marca y se actúa mucho con reventa. En este negocio todos se revendían entre ellos y al final siempre se lo colocaban a alguien que lo llevaba a los consumidores, aunque después de pasar por muchas manos". Sin embargo, asegura este mismo experto, esta práctica antes común es residual en la actualidad, donde se exige más credibilidad. "Hoy en dia la calidad es muy superior. Antiguamente el aceite se producía con muchas impurezas, otros restos de la aceituna y de la hoja. No se separaba de la pulpa y quedaban objetos en suspensión. Entonces el 'turbiero' tenía sentido".

Negocios sin controlo como el que ha llevado a Fuentes a la cárcel son cada vez menos comunes

Cuando el aciete está a precios altos, como en la actualidad, estas prácticas aparecen más. Si tenemos en cuenta que el aceite de oliva está por encima de 3 euros el litro y que un aceite de semillas vale menos de 1, el beneficio puede ser de hasta 100 euros por tonelada si se mezcla bien. En este contexto surgen (en este caso, resurgen) prácticas prohibidas y que suponen un fraude al mercado. "Lo mismo que en el sector financiero unos hacían con productos tóxicos que colocaban a incautos, Fuentes tenía por costumbre hacerlo con el aceite. Venía haciéndolo toda la vida".

La última de ellas, Comercio de Residuos Grasos, SL, había visto como la semana pasada, Enrique cedía su cargo como administrador único a Antonio Luis Fuentes Padilla, uno de sus hijos.

Desde 2001, cuando dejó de pagar a 200 olivareros, Fuentes y otros socios han bordeado la ley con el aceite de oliva una y otra vez

El motivo de este cambio es que Enrique Fuentes había ingresado en la cárcel apenas 12 días antes de la detención del resto de la banda organizada. Condenado a 5 años, 6 meses y un día por alzamiento de bienes y estafa continuada, Fuentes pagaba con prisión los delitos cometidos hace más de 15 años, que a la vista de la investigación ha seguido realizando.

Una carrera de fraudes

Porque la carrera estafadora de Fuentes había empezado en serio en 1999, cuando constituyó junto a otro socio la compañía Iniosa para comprar aceitunas. Los primeros años fue todo correcto pero en 2001 dejó sin pagar la cosecha después a unos 200 afectados, principalmente de la localidad de Porcuna, a los que les dejó una deuda de 20 millones de euros a través de pagarés sin fondos. Mientras tanto, según la sentencia de la Audiencia Provincial, fue vaciando de activos a Iniosa hasta declarar la quiebra en 2003. El objetivo era dejar también sin pagar la deuda a Hacienda, pero no le fue posible. Tras ser juzgado, y protagonizar algún episodio en la calle como blanco de las iras de los afectados, la Audiencia lo condenó en sentencia ratificada por el Supremo.

En 2012, en el marco de la operación Lucerna Enrique Fuentes fue de nuevo detenido, esta vez por producir con mezclas de aceite de aguacate y palma un remedo que colocaban como aceite de oliva, y del cual carecían de autorización sanitaria para su venta. En este caso, el aceite adulterado se vendía a granel a terceras empresas ajenas a la trama delictiva y se embotellaba y etiquetaba como un aceite distinto al que realmente era. Incluso llegó a varios supermercados en Italia, la mayoría de cuyo aceite proviene de Andalucía.

Desde fuentes próximas al Ministerio de Agricultura se recuerda que "cuando los precios del aceite suben, como han estado altos durante todo este año, se multiplican los casos de intentos de fraude porque se gana mucho más dinero con él". 120 toneladas como las que iba a manipular esta banda podrían alcanzar un precio próximo a los 340.000 euros según los datos del medidor oficial de precios del aceite Poolred.

así se descubrió el fraude

Puso en la pista a la guardia civil un grupo de agricultores que le tenían cogida la matrícula a la familia Fuentes: le dijeron que alguien podría estar manipulando aceite para combustible biodiésel con la intención de hacerlo pasar por aceite de oliva para alimentación.

El instituto armado estableció un dispositivo para detectar los camiones que distribuyeran aceites para biodiésel, hasta descubrir que una empresa ubicada en Mengíbar (22 kilómetros al norte de la capital provincial) estaba recogiendo aceite de girasol de Francia, de palma de Ecuador y de aguacate de Grecia. A ellos pretendía añadirles un 20% de aceite de oliva y, mediante tratamientos con colorantes y aromatizantes (otro de los indicios que alertaron a los investigadores) hacerlo pasar por aceite de oliva para vender a granel. El peligro para la salud era evidente: cada aceite tiene un punto de humo (temperatura a la que se quema) diferente, y mientras unos se calientan otros podrían empezar a arder, dejando posos que pueden ser perjudiciales para la salud.