Publicado: 17/09/2014 04:00
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha hecho llegar al Juzgado de Instrucción Número 1 de Zaragoza, con fecha del pasado lunes, el nuevo informe sobre el caso de corrupción en la Plataforma Logística Zaragoza Plaza, en el que los directivos implicados pudieron llegar a desviar fondos por valor de 80 millones de euros.
El nuevo informe constata que el exgerente de Plaza y principal imputado, Ricardo García Becerril, ordenó la alteración de la puntuación de la oferta presentada conjuntamente por Necso (Acciona) y su socio local, Mariano López Navarro (MLN), para que ésta fuera la adjudicataria de la segunda fase del desarrollo de la plataforma logística.
La UDEF aporta en el informe un correo electrónico del directivo, dirigido a su director técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes, en el que le conmina a "reajustar" la puntuación de la oferta, "siguiendo instrucciones de la Consejería (de Obras Públicas)", para que ésta alcance los 59 puntos necesarios para ser adjudicataria de los contratos.
Eso fue en marzo de 2003 y unos meses más tarde, Acciona y MLN, en Unión Temporal de Empresas (UTE), resultaban adjudicatarias. En el cruce de emails entre García Becerril y Pérez Cervantes, ambos imputados por el juez José Ignacio Martínez, se establecen las pautas para "subir" la puntuación de algunos conceptos de la oferta para que, en global, fuera la ganadora.
El exgerente, por email, ordenó en 2003 alterar la puntuación para que la oferta de Acciona y MLN alcanzase "los 59 puntos" y se adjudicase los contratos
En concreto, el exgerente ordena en su email: "la indicación es subir a 18 puntos en coordinación y a 5 puntos en personal. Saludos. Ricardo G. Becerril. Plaza S.A."
Con estos mimbres, el informe de la UDEF adelantado por Heraldo concluye que de no haberse producido este amaño, la UTE "seguramente no hubiera pasado el corte a la segunda vuelta".
El informe va más allá y establece un modus operandi similar en la adjudicación de los contratos de la primera fase de Zaragoza Plaza, que también recayó en la UTE de Acciona y MLN tras un concurso público cargado de irregularidades. Pese a que Plaza había establecido un proceso inicial a dos vueltas, finalmente se abrió la posibilidad a una tercera vuelta, en la que el consejo de administración de la sociedad pública dio la victoria a esta UTE, en detrimento de la que iba a ser la ganadora, la propuesta formada por ACS y Arascon.
Según la UDEF, si los directivos de Plaza no hubieran alterado la puntuación, la oferta de la UTE de Acciona y MLN ni siquiera habría pasado el corte a la segunda vuelta en el concurso
La UDEF hace hincapié en los "criterios discrecionales" utilizados por los directivos de Plaza para adjudicar los contratos, que en conjunto supusieron un coste total de las obras de 243 millones de euros, un 150% más del precio fijado en el momento de la adjudicación tras ganar el concurso público.
El documento que ya está en manos del juez confirma también las sospechas de "connivencias irregulares" entre la sociedad pública, la adjudicataria y la ingeniería que debía dirigir y supervisar las oras, Intecsa-Inarsa.
En total, por ahora son cinco los directivos de estas tres entidades, dos de ellos de Acciona, los que están imputados, como ya ha informado Vozpópuli.
Precisamente ayer, varios miembros de la UDEF acudieron, por segunda vez, a la sede de Acciona en Madrid para exigir nueva documentación para la investigación, tal y como adelantó este diario.
Los contratistas pagaron supuestamente a García Becerril desde un viaje a Brasil para toda su familia a un ordenador portátil, un equipo de vídeo doméstico y obras en una "tapia muy fea" de su casa
Se trata de facturas de servicios y viajes contratados por Acciona con una agencia, para ser cotejadas con las sospechas de la UDEF, que considera que los contratistas pagaron a García Becerril, al menos, un viaje a Brasil con sus hijas y su esposa, por un valor de entorno a 6.000 euros.
El supuesto pago de este viaje lo pudo haber realizado Acciona, según la UDEF. Este caso no fue algo puntual. En el proceder del ex gerente de Plaza era algo normal cargar compras personales a empresas que posteriormente podrían ser beneficiarias de 'sus' adjudicaciones.
Desde un ordenador personal, por 2.000 euros, a un equipo de vídeo doméstico valorado en 3.000 euros o arreglos "para eliminar o sustituir la tapia tan fea que hay (en su vivienda) por otra más elegante", según se extrae de los cruces de conversaciones por email que aporta el informe de la UDEF.
En definitiva, el exhaustivo informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal confirma la forma de operar de los directivos de la sociedad pública desde comienzos de los desarrollos urbanísticos, a principios de la década pasada.
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