Publicado: 25/10/2017 04:00
El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals estudia ampliar las penas solicitadas contra parte del antiguo consejo de administración de Abengoa. Felipe Benjumea y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, que recibieron una indemnización de 11,4 y 4,5 millones de euros respectivamente, están acusados de presunto delito de administración desleal, y afrontan penas de cárcel de cinco y cuatro años y medio. Los exconsejeros Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, que formaban parte de la Comisión de Nombramientos que acordó dicha indemnización, también están imputados.
De acuerdo a fuentes que han estado presentes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el próximo lunes previsiblemente el fiscal anunciará en el turno de conclusiones que aumenta de tres años y seis meses a cuatro años y dos meses la pena solicitada contra Gracia Díez, Velarde y Fornielles, según avanzó Perals en la vista celebrada el martes. El fiscal también podría sumar al delito de administración desleal por el que están imputados, el de apropiación indebida.
La Plataforma de Perjudicados de Abengoa, que denunció el caso de las indemnizaciones, liderada por los abogados Eliseo M. Martínez -de Ius+Aequitas Abogados- y Felipe Izquierdo, de Izquierdo Asociados, según las fuentes consultadas, también tiene previsto el lunes requerir ampliar la pena a cuatro años de los tres exconsejeros del grupo.
El juicio que se inició el pasado lunes día 9 de octubre en la Audiencia Nacional, quedará visto para sentencia el próximo lunes día 30, después de que las partes expongan sus conclusiones. El martes declaró como testigo el socio de DLA Piper, Ignacio Gómez-Sancha, que el 23 de septiembre de 2015 firmó un informe elaborado por el despacho en el que justificaba la indemnización percibida por Benjumea. La acusación preguntó a Gómez-Sancha sobre el importe cobrado por el bufete por la elaboración de ese informe, cuestión que el testigo no respondió.
Durante el proceso los antiguos miembros del consejo de administración de Abengoa han sostenido que la banca acreedora, principalmente Santander, condicionó su apoyo financiero al grupo al cese de Felipe Benjumea como presidente. Sin embargo los representantes de Santander, HSBC, y Citi han desmentido tal afirmación y han asegurado que si no continuaron prestando ese apoyo financiero -en septiembre de 2015 declinaron acudir a una ampliación de capital de 650 millones de euros- fue porque las cuentas de la empresa ni estaban claras ni eran las previstas.
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