Publicado: 29/02/2016 18:52
Los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez, que el pasado mes de noviembre presentaron querella en la Audiencia Nacional (admitida) contra el expresidente y consejero delegado de Abengoa, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, han solicitado al juzgado ampliación de la querella por presunta falsedad contable.
En representación de dos bonistas de Abengoa, los abogados presentaron querella contra Benjumea y Sánchez Ortega por delitos de administración desleal e información privilegiada el pasado mes de noviembre. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella. El expresidente y el exconsejero delegado se aseguraron en el momento que abandonaron la compañía indemnizaciones de 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente. La juez Carmen Lamela impuso a los dos ejecutivos depositar fianza por esas mismas cantidades, rechazando pólizas de seguro contratadas por Abengoa para cubrirlas. Benjumea y Sánchez Ortega declararon en la Audiencia el pasado día 16 de febrero.
En un escrito presentado este 29 de febrero en la Audiencia Nacional, los abogados de los bonistas explican por qué consideran que el objeto de la querella debe ampliarse al delito de falseamiento contable. Los letrados señalan que gran parte del objeto de las actuaciones se centra en determinar si a la fecha de la salida de los querellados, estos conocían cual era la situación real de Abengoa.
Los querellados reclaman que se tome declaración como testigo al representante de Santander en la negociación con Abengoa
Los abogados subrayan que si existieran indicios racionales de que en el momento de su salida los querellados conocían la situación de crisis financiera de Abengoa se estaría demostrando que las cuentas que la compañía venía comunicando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no reflejaban fielmente la imagen fiel de los resultados del grupo. Felipe Benjumea, que lidera Inversión Corporativa, primer accionista de Abengoa con el 57%, dejó su cargo el 23 de septiembre para facilitar el apoyo financiero de la banca. El grupo, que en estos momentos negocia con la banca acreedora un convenio que evite su entrada en concurso de acreedores (sería la mayor quiebra en la historia empresarial española) explicó en sus últimos resultados que Benjumea recibirá una indemnización por cese anticipado de 11,48 millones. Sánchez Ortega dejó su cargo como consejero delegado de Abengoa el pasado mes de mayo, aludiendo a razones personales, y poco después fichó por BlackRock, una de las mayores gestoras de fondos del mundo, como directivo de su división de infraestructuras para Latinoamérica. La querella destaca su fichaje por BlackRock, ya que la sociedad estadounidense ha tomado posiciones bajistas en el valor.
En su escrito de este lunes presentado en la Audiencia Nacional, los letrados apuntan que Benjumea en su declaración del pasado día 16 aludió a la exigencia que hizo Banco Santander para que este dejara su cargo de presidente como condición para financiar a la compañía. Y añade que si los bancos acreedores exigieron esa salida, era porque conocían que Abengoa estaba maquillando las cuentas. Si Abengoa estuviera realmente cómo la compañía decía en sus cuentas, dice el escrito de solicitud de ampliación de querella, la empresa no estaría ahora en preconcurso y Benjumea se mantendría como presidente.
Los querellados sostienen que Benjumea y Sánchez Ortega dejaron sus cargos porque sabían que más pronto que tarde se destaparía la situación real económica de Abengoa. Además requieren que se tome declaración como investigado (antes imputado) a José Borrell, presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones cuando se suscribieron los contratos que afectaban al expresidente y al exconsejero delegado. También solicitan que se tome declaración como testigo al representante de Banco Santander en el comité que negocia con Abengoa la refinanciación de su deuda y al de HSBC.
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