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El ‘cártel del AVE’ no disimulaba: burlaba a ADIF con ofertas pactadas que eran casi iguales

La CNMC acreditó que el cártel de empresas que amañaba concursos públicos de AVE y tren convencional pactó en un hotel de Madrid las cantidades que debían ofertar los ganadores y los perdedores de los concursos públicos. Algunas ofertas distaban poco más de 100 euros entre sí

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Las casi 400 páginas en las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) justifica las multas de 118 millones de euros al ‘cártel del AVE’ incluyen abundante información sobre las estrategias que siguieron estas empresas para amañar concursos públicos. Entre los ilícitos que el regulador considera probados se encuentran los pactos que alcanzaban sobre las cantidades que debían ofertar los ganadores y los perdedores en los procesos de licitación.

El expediente cita el ejemplo de un concurso que ADIF convocó en 2014 para la realización de tareas de “mantenimiento preventivo y correctivo” de la infraestructura eléctrica de ferrocarril, con un presupuesto de 14,2 millones de euros. La empresa pública lo dividió en siete lotes, que se correspondían con otras tantas zonas de España.

Al cerciorarse de esta oportunidad de negocio, varios de los miembros del cártel convocaron una reunión en el Hotel Meliá Castilla, de la capital madrileña, para pactar las ofertas con las que concurrirían. La estrategia -entre otros aspectos- consistía en que las perdedoras realizaran propuestas con un descuento del 1% sobre el precio de licitación. Esto último era importante, dado que con esta propuesta conseguían expulsar del proceso a los competidores que no se encontraban dentro del cártel, puesto que sus ofertas eran consideradas como “temerarias”, al tener una ‘baja’ mucho mayor sobre el precio inicial establecido en el concurso y sobre la media de las ofertas.

Ofertas casi iguales

En los cuadros que adjunta la CNMC en su resolución, se aprecia que algunas de las propuestas que coordinaron los miembros de esta organización empresarial ilícita distaban en poco más de 100 euros entre sí, sin que eso hiciera saltar las alarmas en el personal de ADIF encargado de vigilar el procedimiento. Es el caso del Lote 3 del procedimiento (Sur de España), en el que, por ejemplo, la oferta de SEMI (ACS) era sólo 108 euros inferior a la de Electren (ACS).

En concreto, la primera empresa ofertó 1.087.488 euros, mientras que la segunda, 1.087.380. Cobra -también de la compañía presidida por Florentino Pérez- puso sobre la mesa 1.087.924 euros, por los 1087.597 de Elecnor y los 1.086.836 de Alstom.

También resulta significativo el caso del Lote 4 (Este de España), en el que la ganadora, Neopul (Sacyr), realizó una oferta con una baja del 5,9% sobre el precio de licitación, mientras que las perdedoras pactaron bajas que en ningún caso superaban el 0,5% de descuento, algo que no resulta habitual en los concursos. Entre las propuestas de las empresas del cártel que resultaron perdedoras sólo había 3.900 euros de diferencia.

Cabe aclarar que una de las dinámicas que adoptó esta organización se encontraba la de elegir cuáles eran las empresas que debían ganar cada concurso. En muchos casos (y fueron varias decenas de procesos públicos amañados), las vencedoras subcontrataban a las perdedoras, como parte del plan preconcebido.

Desde ADIF han descartado que estuvieran al tanto de estas prácticas, que se extendieron durante casi 15 años y afectaron tanto al AVE como al ferrocarril convencional

No obstante, la resolución de la CNMC incide en la dificultad a la hora de detectar este tipo de prácticas que, en este caso, ha afectado a ADIF. "Las empresas que practican este tipo de ilícitos consiguen, cada vez con mayor éxito sofisticar sus conductas ilícitas haciéndolas prácticamente indetectables".

Desde ADIF han descartado que estuvieran al tanto de estas prácticas, que se extendieron durante casi 15 años y afectaron tanto al AVE como al ferrocarril convencional. Ahora bien, en una nota informativa difundida el pasado lunes, el administrador de infraestructuras ferroviarias reconoce explícitamente la falta de los controles suficientes para detectar la actividad de este cártel, que se benefició de contratos por 837 millones de euros.

En el comunicado, avanza que, a partir de ahora, incluirá en los pliegos de condiciones de los concursos públicos una cláusula anti-fraude que obligará a los adjudicatarios a abonar indemnizaciones por daños y perjuicios, así como una penalización que puede llegar al 50% del precio del contrato o incluso a su resolución.

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