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Fomento fracasa en la crisis del AVE a La Meca: Riad no pagará sobrecostes ni dará más tiempo

El Ministerio vende como un logro la renuncia a terminar las obras con adelanto cuando el verdadero problema, el económico, está por resolver.

Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones
Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones

Los problemas en torno al contrato para la construcción de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medinaestán lejos de resolverse, pese a que el Ministerio de Fomento haya dado por cerrada la última crisis abierta en torno al consorcio español Al-Shoula, encargado de la obras y liderado por empresas públicas como Renfe, Adif e Ineco. La ministra en funciones, Ana Pastor, aseguró que el Gobierno saudí se había comprometido a solventar los retrasos en los pagos a las empresas, a las que, además, concedía más tiempo para acabar los trabajos. Pero la realidad es bien diferente: ni Riad ha ampliado el plazo para finalizar las obras ni ha resuelto el principal problema del consorcio: el pago de los sobrecostes.

La última crisis en torno al llamado AVE de los Peregrinos, uno de los mayores contratos adjudicados en la historia a empresas españolas (por encima de los 6.300 millones de euros), surgió cuando algunas empresas del consorcio denunciaron retrasos en los pagos por parte del cliente, la Organización Saudí de Ferrocarriles (SRO, por sus siglas en inglés), y amenazaron incluso con paralizar las obras si la situación no se solucionaba.

La tesitura de tener que asumir la factura, superior a los 1.000 millones de euros, ha provocado un verdadero terremoto en el seno de Al-Shoula

Pero aunque el verdadero problema del consorcio es de carácter económico no está precisamente ligado a estos retrasos sino a que el Gobierno saudí no está dispuesto a hacerse cargo de los sobrecostes generados en el desarrollo de las obras e insistentemente reclamados por las empresas. La tesitura de tener que asumir la factura, superior a los 1.000 millones de euros, ha provocado un verdadero terremoto en el seno de Al-Shoula, una de cuyas primeras consecuencias ha sido la renuncia de su consejero delegado, Santiago Ruiz, que negocia en estos días su salida del grupo.

Ante esta situación, Pablo Vázquez, presidente de Renfe y también del consorcio, centró su visita de la pasada semana a Arabia Saudí (prevista antes del estallido de la última crisis) en tratar de solventar todos estos problemas, especialmente los de carácter económico. Antes incluso de que regresara, la ministra de Fomento en funciones dio por cerrado desde España el episodio conflictivo, al asegurar que Riad daba 14 meses más a las empresas para concluir los trabajos de la línea férrea, casi como una compensación por las molestias ocasionadas por los retrasos en los pagos.

Ese periodo de tiempo supuestamente adicional situaría el final de las obras a finales de 2017 y la puesta en servicio de la línea a comienzos de 2018. Es decir, justamente cuando estaba previsto tras las últimas revisiones de los cronogramas realizadas tras la constatación de los retrasos en el desarrollo de las obras. En otras palabras, no hay tal concesión de tiempo: la fecha fijada para entregar la línea férrea no cambia.

Lo que ha sucedido es que las negociaciones que estaban llevando a cabo el consorcio y el Gobierno saudí para tratar de adelantar el fin de las obras (dado que las empresas habían sido capaces de dar la vuelta a la situación en los últimos meses y eliminado por completo los retrasos) se han roto por completo. La intención de la SRO era incluso llegar a poner en servicio una parte del trazado antes de que finalizara el presente año.

En las últimas semanas se ha insistido en la reclamación de los sobrecostes, con el mismo negativo: la rotunda negativa por parte del Gobierno saudí

Precisamente, la marcha de esas negociaciones terminó por hacer estallar la crisis en el consorcio y dinamitar la paciencia de su consejero delegado. Las empresas presionaron a Ruiz para que exigiera al cliente el pago de los sobrecostes a cambio del adelanto en las obras. El Ejecutivo, que mantiene muy buenas relaciones con el cliente, no era partidario de tensar tanto la cuerda, conocedor del especial carácter de los saudíes. Tanto esfuerzo diplomático terminó por exasperar a las compañías, que comenzaron a perder la confianza en Santiago Ruiz e incluso a apartarle de algunas de sus funciones.

En las últimas semanas se ha insistido en la reclamación de los sobrecostes, con el mismo negativo: la rotunda negativa por parte del Gobierno saudí. La consecuencia ha sido la rotura de las negociaciones y la vuelta al escenario original en lo que a plazos se refiere. Una situación que, en teoría, es positiva para el consorcio, aunque su problema no es precisamente de tiempo, toda vez que los trabajos marchan por buen camino, según ha manifestado el propio cliente en sus últimas visitas. Pero que, sobre todo, beneficia al Gobierno saudí, que se encuentra en una histórica revisión de sus planes económicos para paliar la fuerte caída de los precios del petróleo. De ahí que dilatar los pagos del proyecto en este momento no sea precisamente un drama para Riad.

Precisamente, Vázquez se encontró en su visita con la sorpresa de que la revolución que ha supuesto para Arabia Saudí el desarrollo de un programa para no depender del crudo ha traído consigo una modificación sustancial del Gobierno local, que ha afectado al ministro de Transportes, Mohamed Al-Muqbel. En su lugar, Riad ha situado a Suleiman Al-Hamdan, hasta entonces responsable de los asuntos de navegación aérea del país pero, además, un auténtico experto en finanzas, con más de 25 años de experiencia en el sector bancario.

Toda una señal de que el control económico del proyecto será, a partir de ahora, mucho más férreo si cabe. Si ya había pocas posibilidades de negociar los sobrecostes, el denominado plan Visión Saudí 2030 los cierra por completo. A partir de ahí, el problema será entre las empresas del consorcio, que han formado dos frentes: las privadas, entre las que figuran Talgo, OHL, Cobra, Copasa, Dimetronics, Imathia y Consultrans, exigen que sean las públicas las que asuman la mayor parte de los sobrecostes, algo a lo que éstas no están dispuestas.

Así las cosas, el AVE a La Meca se ha convertido en todo un ejemplo de lo que es cerrar en falso una crisis, quién sabe si con un interés fijado en que no haya excesivo ruido antes de las próximas elecciones. Eso sí, el Gobierno que salga de la consulta electoral se encontrará con un problema muy serio en Oriente Medio.


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