Publicado: 09/11/2012 04:00
Los ajustes de plantilla que pondrá en marcha AENA pondrán en alerta al sector asegurador. El gestor aeroportuario ha enviado un mensaje tranquilizador a sus empleados al garantizarles que el coste del expediente de regulación de empleo dirigido a 1.600 trabajadores de la compañía será cubierto “con una compañía de seguros de reconocido prestigio”.
Una operación que despertará a buen seguro el interés de las empresas del sector pero que muy probablemente estará reservada tan sólo a las grandes, dadas las cifras que, a buen seguro, se manejarán. Hasta finales de año, cuando concluye el plazo para que los empleados manifiesten su intención de acogerse al ERE, no se conocerán datos definitivos sobre cuánto supondrá la operación.
No obstante, unas estimaciones conservadoras apuntan a que los costes del ERE ascenderán a varias decenas de millones de euros, probablemente por encima de 50, por lo que la compañía que diseñe finalmente el producto que precisa AENA tendrá que recurrir con toda probabilidad a un reaseguro.
El principal riesgo para las aseguradoras en este caso es la situación de la compañía, especialmente en lo que se refiere a sus cifras de endeudamiento, por encima de 14.000 millones de euros, según admite la propia AENA. En cambio, como aspecto positivo cuenta con la garantía de que prosigue siendo una empresa pública, aunque en estos momentos la solvencia soberana no se encuentre en su mejor momento.
Un fondo interno como plan B
AENA ha distribuido entre los trabajadores una circular en la que se recogen resumidos los aspectos más destacados del ERE y una serie de recomendaciones antes de tomar una decisión definitiva. Todo el proceso relativo al expediente de regulación de empleo está siendo coordinado por Willis.
No obstante, en el acuerdo alcanzado por la empresa con los sindicatos UGT, CCOO y USO también se prevé un plan B por si no fuera posible cerrar la operación de aseguramiento de los costes del ERE, dada su complejidad. En tal caso, las partes se comprometen a proponer alternativas entre las que se menciona la puesta en marcha de un fondo interno. En el caso de que ésa fuera definitivamente la solución adquirida, el acuerdo prevé la creación de una comisión que se encargaría de controlar el citado fondo.
La indemnización general será de 20 días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, cuantía que podrá ser incrementado en ocho días, si en el plazo de seis meses el trabajador no hubiera conseguido, a través de un plan de recolocación, encontrar un nuevo empleo.
Además, por su singularidad y mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, aquellos empleados de más de 55 años con una antigüedad mínima de 10 años en la empresa que transcurridos seis meses desde la extinción de su contrato no hayan logrado su recolocación, podrán ver incrementada su indemnización en 11 días adicionales (72% de media del salario total) con respecto al resto de los trabajadores que se acojan al plan.
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