Publicado: 11/08/2014 12:01
El repentino brío con el que el Ejecutivo ha retomado este verano la mayor privatización de los últimos 16 años, la venta parcial de AENA Aeropuertos, tiene una clave política tras la que subyace una cierta inquietud en el seno del Gobierno de cara a los apoyos con los que contará en la próxima legislatura, de seguir en el poder.
Fuentes conocedoras de la operación aseguran que una de las principales razones por las que Mariano Rajoy ha optado por dar al fin luz verde a una venta que había generado importantes discrepancias en el seno del Ejecutivo, entre otros motivos, ante la privatización de un servicio en el que la competencia brilla por su ausencia, radica en el temor del presidente a perder la mayoría absoluta en el Congreso la próxima legislatura y verse obligado a pactar con CIU para no verse desalojado de Moncloa.
Realizar ahora la venta de AENA permitiría al Ejecutivo ‘blindarse’ ante los nacionalistas catalanes en el caso de que, como contrapartida a su eventual apoyo parlamentario, reclamen en el futuro la gestión de la red de aeropuertos catalana, explican esas fuentes. Unas exigencias que los futuros inversores del operador no verían con buenos ojos, como es lógico.
Cataluña, consciente del peso de El Prat, ya ha pedido "la parte que nos toca de la privatización"
En noviembre pasado, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ya reclamó al Estado tomar parte en el pastel del operador aeroportuario ante una eventual privatización, considerando el peso que tiene el Aeropuerto de Barcelona en la empresa. “Añadiré a mi lista de reclamaciones la parte que nos toca de la privatización de AENA”, dijo.
La red catalana de AENA consta de cuatro aeropuertos (Barcelona, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell), aunque la joya es sin duda El Prat de Barcelona, que el pasado mes de julio batió un nuevo récord de pasajeros al superar los 4 millones por primera vez en su historia. El aeródromo barcelonés fue el primero de España por beneficios en 2013, con 168,2 millones de euros, el doble que Barajas, que sigue siendo el primero por ingresos y beneficio bruto de explotación (Ebitda).
La operación de venta, que se anunció en junio pasado, semanas después de la sorprendente irrupción de Podemos en las Elecciones Europeas, va a reportar una inyección de liquidez para las arcas públicas de unos 2.450 millones de euros y consistirá en la venta de un 49% de AENA en dos tramos: un 21% se destinará a accionistas de referencia y el 28% se colocará en Bolsa.
El escenario más realista es una colocación en enero y el Gobierno prefiere que entren bancos a constructoras
Aunque el calendario inicial apuntaba a noviembre como fecha para llevar a cabo la venta, el escenario más realista apunta a que se realice en enero del año que viene, según las fuentes consultadas.
Para el tramo destinado a accionistas institucionales, el Gobierno quiere establecer un compromiso de permanencia de en torno a cinco años (en principio, se barajó un plazo de tres años) con el señuelo de una rentabilidad similar a la de un bono del Estado.
En principio, estas premisas no benefician la llegada de empresas constructoras al accionariado de AENA, dado que el sector no anda sobrado de liquidez. Otra cosa sería la incorporación de la gran banca española al capital del operador aeroportuario, que sería vista con muy buenos ojos por el Ejecutivo.
El proceso de venta va a concretarse tras tres años de ajustes en la empresa pública, que han incluido una notable reducción de la deuda, un ERE para más de 1.000 trabajadores y la transición de los números rojos a los beneficios.
La nueva sociedad pública Enaire, propietaria de todas las acciones de Aena S.A, ha adjudicado a BBVA, Santander, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs el servicio de coordinación del proceso de entrada de capital privado. Los asesores legales son los bufetes Mayer Brown y Pérez-Llorca Abogados. Este último, liderado por el exministro José Pedro Pérez-Llorca, consejero de la aerolínea IAG (propietaria de Iberia) se ha adjudicado el contrato por el precio simbólico de un euro.
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