Publicado: 23/03/2016 04:00
El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha promovido una iniciativa para pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la orden que reconocía a la concesionaria del Castor, Escal UGS, controlada por ACS, el abono con cargo al recibo del gas que pagan los consumidores de los costes de operación y mantenimiento del almacén ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).
En paralelo, En Comú Podem, coalición liderada por Ada Colau que cuenta con 12 diputados en el Congreso, ha registrado una proposición no de Ley en la que pide al Ejecutivo en funciones que ponga en marcha el desmantelamiento de la instalación, que ahora está en situación de parada e hibernación, vigilada por el operador Enagás.
Las dos formaciones catalanas no quieren que el escándalo del Castor, cincelado por dos polémicos hitos que pasarán a la historia (la inyección de gas colchón por parte del operador provocó más de 500 terremotos en septiembre de 2013 y el Gobierno del PP aprobó el pago de una indemnización de 1.350 millones a la empresa controlada por Florentino Pérez tras la devolución de su licencia de explotación), acabe durmiendo el sueño de los justos en este 2016 de desgobierno y falta de liderazgo político.
El Govern vuelve a la carga después de haber presentado en 2015 un recurso ante el Supremo contra los pagos realizados por el Ejecutivo a Escal con cargo al recibo del gas
De ahí que la Generalitat haya vuelto a la carga para seguir alimentando un recurso que ella misma presentó en 2015 y que fue admitido a trámite por el Supremo en diciembre pasado. El Govern ha defendido ante el Gobierno central que tanto los costes de mantenimiento como hibernación, así como la indemnización pagada a Escal, no han de cargarse al recibo del gas.
Según la decisión del ministro de Industria, José Manuel Soria, los 1.350 millones los pagarán los consumidores de gas durante los próximos 30 años. Y el gobierno catalán, al igual que Compromís y algunos movimientos y plataformas sociales de la Comunidad valenciana y el sur de Cataluña, quiere mantener viva la llama por el bien del “interés general”, dado que “los ciudadanos ven cómo se repercuten en sus facturas de gas unos costes de explotación hibernada que nada tienen que ver con el gas que llega a sus casas y empresas”.
El objetivo del Govern es anular todas las órdenes ministeriales que cargan costes del Castor a los consumidores gasistas y en última instancia tratar de revertir los 1.350 millones de euros pagados a Escal para que no vayan a la factura.
En Comú Podem, por su parte, pide al Gobierno que fije ya un calendario para su desmantelamiento y exige que se realice una auditoría o peritaje para cuantificar los daños materiales y morales sufridos por los más de 40.000 habitantes que padecieron los terremotos y el impacto medioambiental de la instalación.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.