Publicado: 06/02/2013 04:00
El proceso judicial iniciado el pasado verano contra ACS por un accionista minoritario que acusa a la compañía de un presunto fraude contable tendrá su plato fuerte el próximo día 4 de marzo, fecha fijada para la celebración del correspondiente juicio, que contará con los testimonios de diversos peritos y también de representantes de Société Générale (SG), Natixis y la consultora Deloitte.
La demanda acusa a ACS de falsear las cuentas del ejercicio 2011, que presentaron un beneficio de 766 millones de euros cuando el balance del grupo constructor y de servicios debería haber arrojado pérdidas de 1.495 millones si se hubiera aplicado de forma correcta la normativa contable.
El denunciante, un antiguo ejecutivo de Dragados (cabecera del área de construcción de ACS), exige a la empresa la reformulación de sus cuentas y la impugnación de la junta general de accionistas que la compañía celebró en la primavera de 2012, en la que aprobó estas cuentas.
Entre los testigos que declararán en el juicio se encuentran representantes de tres entidades: Natixis, Société Générale y Deloitte. El primero es el banco francés con el que ACS tiene contratados derivados para controlar una parte de su participación en Iberdrola. En la denuncia se hace constar que la compañía no contabilizaba correctamente el derivado, ya que lo hacía como si fuera un activo corriente. Mientras, Société Générale es uno de los financiadores más destacados de la compañía y artífice del complejo proceso de refinanciación llevado a cabo por ACS el pasado verano.
Por su parte, Deloitte es el histórico auditor del grupo, que ha dado el visto bueno repetidamente a su contabilidad.
También intervendrán diversos peritos que expondrán los argumentos teóricos en los que se basa la denuncia, que también podría afectar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya que el demandante también se dirigió en este proceso al organismo supervisor. En respuesta a la demanda, ACS señaló que su actuación estaba al amparo del organismo que preside Elvira Rodríguez, que nunca le había obligado a una reformulación de las cuentas.
En este sentido, el demandante envió un escrito al supervisor de los mercados solicitándole que inste al grupo constructor y de servicios a que vuelve a presentar sus resultados con la contabilidad correcta.
Además, el juzgado número 2 de lo Mercantil, ante el que se presentó la denuncia, ha admitido elevar una serie de preguntas relacionadas con este caso al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Los interrogantes se refieren a los puntos conflictivos a los que se refiere la demanda y se pide al organismo que emita su opinión sobre si se trata de una forma correcta de elaborar las cuentas de una empresa.
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