Publicado: 02/10/2018 05:15
Fue en una reunión que se produjo el pasado jueves por la tarde. Los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) participaron en uno de los grupos de trabajo que acordaron poner en marcha -el pasado julio- patronal, sindicatos y gobierno; y expresaron su preocupación por el futuro del sistema público de pensiones. A su juicio, más allá del debate sobre la vinculación de las pensiones al IPC y de la movilización que ha provocado este tema en la calle, es necesario buscar fórmulas -a la mayor brevedad- para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social, ante la evidencia de que, si no se toman las medidas adecuadas, podría llegar a colapsar.
La reivindicación la escuchó el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, en un encuentro en el que asistieron por parte de la CEOE su director de Relaciones Laborales, Jordi García; y la directora del Departamento Socio-laboral de CEPYME, Teresa Díaz de Terán. El mensaje fue claro: es necesario actuar para garantizar la sostenibilidad social y económica del sistema público y preservar a su vez el equilibrio financiero.
Desde la CEOE, siempre han dejado claro su respeto a las reivindicaciones que piden el incremento de las pensiones, tanto dentro como fuera del Parlamento. Ahora bien, en sus últimos contactos con el Ejecutivo le han trasladado la necesidad de tomar medidas para que el sistema no se caiga, ante la evidencia de que desde el primer año del siglo XXI, esta partida presupuestaria ha subido de 60.000 a 135.000 millones de euros; y podría generar un déficit insostenible.
En el informe titulado Valoración de los Presupuestos Generales 2018, la CEOE dejó clara su postura al respecto: "La solución (al déficit) pasa por introducir cambios significativos para conseguir un Sistema de Seguridad Social equilibrado, sostenible e incentivador del empleo. A este respecto, las reformas deben ir encaminadas a la sostenibilidad del sistema y, para ello, resulta fundamental (...) reforzar la relación entre contribución realizada y prestación recibida".
La patronal ha rechazado algunas de las ideas que sopesa el Ejecutivo para incrementar la recaudación, como las que pasan por incrementar los impuestos a las empresas o la que implicaría "destopar" las cotizaciones
Eso sí, la patronal ha rechazado algunas de las ideas que sopesa el Ejecutivo para incrementar la recaudación, como las que pasan por incrementar los impuestos a las empresas o la que implicaría "destopar" las cotizaciones. A su juicio, esto podría perjudicar al sector productivo y aumentar el desempleo, lo que complicaría aún más el mantenimiento del sistema de pensiones.
Entre las propuestas que ha puesto sobre la mesa la CEOE durante los últimos tiempos se encuentra la que pide separar las fuentes de financiación a la Seguridad Social y cargar a las Administraciones públicas el coste de las pensiones no contributivas y universales. También ha apelado a revisar la edad de jubilación de determinadas profesiones liberales, al considerar que se podría retrasar en algunos casos, siempre velando porque no se impida la entrada de jóvenes a estos sectores.
Pacto de Toledo
En paralelo a estos contactos, el Ejecutivo va rebajando la posibilidad de volver a vincular las pensiones al IPC, como ha acordado el Pacto de Toledo. Lo cierto es que la redacción de la recomendación que ha conseguido el apoyo de todas las formaciones salvo ERC tras dos años de conflictos es lo suficientemente ambigua como para que cada Gobierno pueda actuar como considere cuando llegue al poder. Hay muchos matices en el texto.
El Pacto de Toledo ha conseguido hacer una redacción lo suficientemente ambigua para que todos se sientan cómodos
Por ejemplo, incide expresamente que "la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones". Pero cuidado, la frase tiene letra pequeña. Por ejemplo, la derecha ha conseguido que la frase recoja la referencia "en base al IPC" y no "conforme al IPC", lo que abre la puerta a que cualquier Gobierno tome como referencia principal los precios, pero incluya también otros parámetros.
Se dice también que resulta esencial recuperar el consenso del texto de 2011 para generar confianza a los ciudadanos. Curiosamente, en esas recomendaciones se decía ya que convenía estudiar la posibilidad de utilizar otros índices como los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones sociales a la hora de revalorizar las pensiones. Este es otro matiz que abre la puerta a que la revalorización no se haga única y exclusivamente con el IPC.
El Gobierno recula
Lo curioso es que el PSOE, antes de llegar a La Moncloa, era un firme partidario de volver al IPC. Pero claro, pasar de oposición a Gobierno en cuestión de días y sin esperarlo no debe ser fácil. Los postulados que se defienden en un lado pueden dejar de ser válidos en el otro. De hecho, hay varios miembros del Ejecutivo que ya están defendiendo públicamente utilizar varios parámetros para actualizar las pensiones y no solo el IPC.
Lo hizo precisamente Granado el mismo día que el Pacto de Toledo cerró el acuerdo durante unas jornadas sobre pensiones organizadas por el Colegio de Economistas. Dijo que recuperar el IPC de forma permanente como elemento para actualizar las pensiones podría causar "efectos perversos" en el sistema. A su juicio, a partir de 2020 lo mejor será utilizar un nuevo mecanismo que utilice varios indicadores.
Lo que está claro es que la idea de volver al IPC cada día pierde un poco más de fuerza. El Gobierno hará una propuesta, pero esperará a que el Pacto de Toledo acabe de pactar sus recomendaciones. Y tendrá que plantear una nueva reforma del sistema capaz de tapar un agujero que, lejos de reducirse, volverá a crecer o al menos no bajará en 2018. Y mientras, seguimos tirando de deuda.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.