La inestabilidad regulatoria por el anticipo electoral desafía el idilio de las eléctricas con la Bolsa

La convocatoria de elecciones anticipadas ha irrumpido en pleno proceso de sentar las bases de la transición energética, un objetivo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abordado desde que comenzó su andadura pero que no ha podido rematar con la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Esta circunstancia aboca al sector a un nuevo periodo de inestabilidad regulatoria, precisamente todo lo contrario de lo que demandan las empresas, que probablemente se alargará si la consulta en las urnas da como resultado un nuevo Ejecutivo. Un escenario que pondrá en peligro la envidiable situación de las cotizadas en Bolsa. Endesa, Iberdrola y Naturgy se mueven en la actualidad en sus máximos de la última década, es decir, cotizan a precios de antes de la crisis.

El sector tiene asumido que la transición energética es imparable, algo que no va a verse amenazado por la hipotética llegada de un nuevo Gobierno. Pero lo que sí puede verse alterado es el ritmo de su implementación. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asumido desde el primer momento unos objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes y penetración de las energías renovables que la industria ha coincidido en calificar como muy ambiciosos, aunque comenzaba a asumirlos.

El trabajo desarrollado por el departamento que encabeza Ribera tenía como objetivo que la hoja de ruta diseñada para la transición energética quedara plasmada en una norma, la Ley de Cambio Climático, con la que se pretendía pasar de las palabras a los hechos, de las intenciones a las obligaciones. Junto a la norma, el Plan Integral de Energía y Clima, que el Ejecutivo debería haber remitido a Bruselas antes del fin de 2018, marcaría el camino a seguir.

El hecho de que el Plan no tenga que pasar por el Parlamento le salvará de la actual circunstancia, por lo que la próxima semana será una realidad. Pero no sucederá lo mismo con la Ley, cuyo trámite tendrá que iniciarse desde el principio una vez que se constituyan las nuevas Cortes, aquellas que salgan de las elecciones del 28 de abril.

Estabilidad y firmeza

Incluso en el controvertido asunto de la energía nuclear, las eléctricas y el Gobierno habían sido capaces de llegar a un principio de acuerdo para un cierre ordenado de las plantas.

Cuando el proceso de transición energética comenzaba a adquirir una cierta velocidad de crucero, queda condenado a estar paralizado durante un tiempo indefinido, lo que lleve confeccionar un nuevo Gobierno. Un factor que va en contra de los intereses de las empresas del sector, cuyos principales directivos siempre han destacado como punto fundamental la base de una estabilidad regulatoria.

La estrategia del Ejecutivo en materia energética no ha sido ni mucho menos del gusto de todos. El Ministerio de Transición Ecológica ha sido acusado de planificar con planteamientos ideológicos, por encima de los técnicos. Su intención de prohibir los vehículos con motores de combustión a partir de 2040 levantó ampollas en el sector petrolero. También ha sido muy contestada la eliminación de los pagos por disponibilidad, así como su escaso apoyo al gas como tecnología de respaldo.

No obstante, algo peor que todo eso es la incertidumbre. La principal reclamación de las compañías en este tiempo ha sido un entorno regulatorio firme, estable y previsible, que permita tomar decisiones a largo plazo y, sobre todo, ofrecer confianza a los inversores. Un escenario que no se dio con el último Gobierno de Rajoy, con Álvaro Nadal al frente del Ministerio de Energía y que ahora también salta por los aires después de que Pedro Sánchez no haya sido capaz de sacar adelante los Presupuestos.