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Economía

Duro Felguera despide al adjunto al CEO y al director de recursos humanos al borde del concurso

Sede de Duro Felguera.

Tensión máxima en el comité de dirección de Duro Felguera. La compañía, que se encuentra en pleno proceso de refinanciación y de negociación con administraciones públicas para evitar su entrada en concurso de acreedores, ha despedido hoy jueves a dos de sus más altos directivos, una decisión tomada sin contemplaciones por el consejero delegado, José María Orihuela.

De acuerdo a fuentes cercanas al grupo industrial, han sido despedidos el adjunto al consejero delegado y el director de recursos humanos. El despido ha sido gestionado por uno de los despachos ahora de cabecera de Duro Felguera, Ontier.

Desde la compañía se indica a este diario que el director de recursos humanos ha sido "por pérdida de confianza" y en el caso del adjunto al CEO "se ha decidido amortizar la figura en línea con la reducción de costes de estructura del grupo".

"La tensión se corta con un cuchillo en Duro, nadie se fía de nadie, se ha investigado a todo el comité", dicen fuentes cercanas al grupo

"La tensión se corta con un cuchillo en la dirección de Duro Felguera", aseguran las fuentes cercanas al grupo consultadas por este diario. "Las diferencias con Orihuela son notorias y nadie se fía de nadie, se ha investigado a todo el comité de dirección", afirman.

Situación delicada

La multinacional asturiana se encuentra en una situación delicada, presionada para lograr refinanciar deuda con los bancos acreedores y ayudas de distintas administraciones públicas. Esas necesidades llevaron al auditor del grupo, EY, ha advertir en su informe de auditoría del ejercicio 2019, una incertidumbre en cuanto a la capacidad de la empresa de mantenerse en funcionamiento.

El consejero delegado de Duro envió hace un par de meses una carta a los bancos españoles acreedores -SantanderBBVACaixabankSabadellBankiaLiberbank- en la que reclamaba una quita del 85% de una deuda de 85 millones, a la que los bancos no han respondido.

El grupo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por negocios en Venezuela, y al que Hacienda reclama 123 millones, afronta también conflictos legales en Australia, Dubai y Argelia.

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