Economía

Las dudas clave sobre el impuesto de las hipotecas que tiene que resolver el Supremo

En la reunión de este lunes se analizará quién debe pagar este impuesto, si se aplica a las futuras hipotecas o se retrotrae cuatro años atrás, y a quién reclamarlo en caso de que corresponda a la banca

Sede del Tribunal Supremo
Sede del Tribunal Supremo Tere García

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reúne este lunes para analizar la reciente y controvertida sentenciaque obliga a la banca a cargar con el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas. Hasta entonces, era el cliente el que debía asumir estos gastos hipotecarios.

En esta reunión plenaria se confirmará o rechazará la jurisprudencia creada después de que el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, pidiese un día después de conocerse la sentencia que se revisase esta decisión "con carácter urgente".

En este sentido, dejaba sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes. Por eso, este lunes estarán sobre la mesa otros asuntos además de quién debe pagar este impuesto, como su alcance, si se aplica a las futuras hipotecas o se retrotrae cuatro años atrás, y a quién reclamarlo en caso de que corresponda a la banca. 

Quién debe pagar

La decisión de la Sala III, conocida el pasado 18 de octubre, de atribuir a la entidad prestamista y no a quien recibe el préstamo la obligación de abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados fue en realidad una rectificación del Supremo de su jurisprudencia anterior. En el mes de febrero el alto tribunal decidió lo contrario y atribuía al cliente la obligación de asumir el impuesto por la firma de una hipoteca. 

En su última decisión tuvo en cuenta que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el banco, que solo mediante "dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca".

Aunque se espera que el Supremo no de marcha atrás en su decisión, todas las opciones están abiertas

La sentencia, además, anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Sin embargo, tras la petición de revisión del presidente de la Sala por su "enorme repercusión económica y social", lo primero que debe resolverse en la reunión de hoy es quién debe realmente pagar este impuesto. Y aunque se espera que el Supremo no de marcha atrás en su dictamen por el daño de imagen que supondría, todas las opciones están abiertas. 

La retroactividad de la sentencia

El tipo impositivo de este impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5% sobre el valor de la hipoteca en función de la Comunidad Autónoma, por lo que en una hipoteca media de 120.000 euros se sitúa entre los 600 euros y los 1.800 euros. De este modo, su devolución al cliente implicará un duro golpe para las entidades financieras.

Y es que, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo. Este es otro de los puntos que debe cerrarse este lunes: si se aplica únicamente a partir de ahora, si se acepta la retroactividad, o si incluso se amplía este plazo a más años. 

La agencia Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas, lo que supondría un gasto de 640 millones de euros anuales; pero avisa de que si la Justicia aplica una retroactividad de cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros.

Dónde reclamar

En el caso de que el Supremo ratifique su fallo y acepte la retroactividad, la siguiente pregunta sería a quién reclamar este impuesto. Si se aceptan reclamaciones de cuatro años atrás, la devolución podría efectuarla inicialmente Hacienda, a través de las comunidades autónomas, y luego pedir el dinero a las entidades bancarias. 

Sin embargo, según explica Moody's, también hay dudas sobre si el ente público tiene derecho a exigir estos pagos a la banca, puesto que ésta ha cumplido con la regulación aplicable hasta el momento. 



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