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Economía

Dragados puja por construir pisos de lujo en el suelo de su último pelotazo en Madrid

El presidente de ACS, Florentino Pérez, y el consejero delegado, Marcelino Fernández Verdes, en la junta de accionistas de la compañía

Dragados peleará por cerrar el círculo de una de las operaciones urbanísticas en Madrid que mayores beneficios le ha reportado a la cabecera del negocio de construcción de ACS. La compañía figura entre las que pujará por hacerse con las obras del desarrollo de viviendas de lujo denominado Proyecto Skyline, que lidera Stoneweg, propietario de los terrenos. Fue precisamente la filial del grupo que preside Florentino Pérez la que vendió al fondo suizo ese suelo, que formaba parte del pago del Ayuntamiento de Madrid a Dragados por las obras de reurbanización del Paseo de la Dirección, en el distrito de Tetuán. La constructora vendió el activo apenas un año después de recibirlo con una plusvalía del 44% respecto a la valoración del Consistorio.

Stoneweg aguarda ya las ofertas de los interesados en levantar el Proyecto Skyline, entre los que también están las constructoras Ferrovial y Sacyr. Se trata de dos torres de 25 plantas que incluirán unas 300 viviendas de diversos tamaños y que contará con espectaculares áticos. La inversión prevista por Stoneweg se sitúa en el entorno de los 200 millones de euros.

La constructora de ACS conoce a la perfección los terrenos. Desde 2007 trabajó en la zona en torno al Paseo de la Dirección, precisamente donde se levantará Proyecto Skyline, tras adjudicarse una concesión del Ayuntamiento de Madrid, por entonces liderado por Alberto Ruiz-Gallardón, para reurbanizar el ámbito, seriamente deteriorado.

La llegada de la crisis y su especial incidencia en el sector inmobiliario hicieron que Dragados se plantara ante el Consistorio de la capital en varias ocasiones solicitando cambios en la concesión y paralizando los trabajos en repetidas oportunidades, lo que dejó a los vecinos afectados en situación de abandono. Tras dos modificaciones de la concesión, la última de ellas aprobada poco antes de las elecciones municipales de 2015, en las que Manuela Carmena tomó el bastón de mando de manos de Ana Botella, la nueva corporación decidió dar un ultimátum a Dragados para culminar las obras y, ante la imposibilidad de cumplirlo, ambas partes se sentaron a negociar una rescisión anticipada de la concesión.

Jugada redonda para ACS

El acuerdo fue alcanzado a finales de 2016 y fue desarrollado durante los meses siguientes, en los que se elaboró un inventario para determinar la inversión que había hecho Dragados hasta la fecha en la urbanización de la zona y, en función de ella, determinar la compensación por parte del Ayuntamiento.

De acuerdo con este documento, fechado a finales de noviembre de 2017, los gastos de Dragados ascendieron a 130,38 millones de euros (del total de 176 millones que se había comprometido a invertir en las obras), por lo que recibió un total de siete parcelas valoradas en esta cantidad. Entre ellas, las de más valor eran las dos que Dragados vendió a Stoneweg. Además de contar con algo más de 40.000 metros cuadrados, contaban ya con la calificación para uso de vivienda libre.

La compañía pretende cerrar el círculo y terminar por sacarle rendimiento a un contrato que, pese a que no fue capaz de cumplir, parece no tener fin

Conforme al inventario, los terrenos estaban valorados conjuntamente en unos 90 millones de euros. De hecho, Dragados recibió otras cinco parcelas en el ámbito para completar del pago, en una liquidación por la que el Ayuntamiento liderado por Carmena recibió múltiples críticas por parte de la oposición, al considerar que el acuerdo para rescindir la concesión había sido muy favorable a la compañía.

Cerrar el círculo

El tiempo no tardó en darle la razón, apenas un año. A finales de 2018, Dragados colocaba las parcelas a Stoneweg, que pagó 130 millones de euros por ellas, lo que daba como resultado una revalorización inédita en aquel tiempo.

Dragados descartó desde el primer momento encargarse de ser el promotor de los suelos que recibió como pago del Ayuntamiento. Descartada esa opción, la venta era la salida natural para ponerlos en valor. Ahora, la compañía pretende cerrar el círculo y terminar por sacarle rendimiento a un contrato que, pese a que no fue capaz de cumplir, parece no tener fin.

 

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