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Economía

El ‘dieselgate’ pasa factura también a Daimler: pagará 1.500 millones en EEUU

Un Mercedes-Benz CLS durante el proceso de medición y homologación de emisiones.

A diferencia de en Europa, en Estados Unidos el conocido como ‘dieselgate’ está pasando factura en forma de millonarios pagos por parte de varias automovilísticas, y no sólo Volkswagen, que fue quien abrió la caja de los truenos allá por 2015 cuando se detectó un fraude en los procesos de medición de emisiones durante la homologación. Si la marca fue condenada a pagar más de 4.000 millones de dólares, ahora la también alemana Mercedes-Benz ha preferido pagar llegando a un acuerdo para evitar males mayores en un más que seguro juicio.

Así, Daimler, a la que pertenece la marca Mercedes-Benz, pagará 1.500 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos y las autoridades de California para resolver las infracciones incurridas contra las leyes medioambientales del país por ocultar las emisiones reales de sus vehículos diésel. Según el acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia, y presentado en un tribunal del distrito de Columbia, Daimler llamará además a revisión para reparar los sistemas de emisiones de los vehículos con motores diésel vendidos en Estados Unidos por Mercedes-Benz entre 2009 y 2016.

Daimler pagará también 875 millones de dólares en multas civiles y otros 70,3 millones en "otras multas" y extenderá el periodo de garantía de algunos de los componentes de los vehículos reparados, efectuará "proyectos para mitigar los excesos de óxidos de nitrógeno emitidos por los vehículos e implementará nuevos procesos internos de auditoria para prevenir futuras falsificaciones de las emisiones". Se estima que el programa de llamada a revisión y reparación le costará a Daimler unos 436 millones de dólares. A todo ello hay que añadir los 110 millones de dólares que la compañía pagará para financiar proyectos de mitigación en California.

El pasado 13 de agosto, Daimler anunció que había llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para resolver las demandas sobre el trucaje de los motores diésel de unos 250.000 vehículos en Estados Unidos. Como en el caso de Volkswagen, la marca de vehículos de Daimler, Mercedes-Benz, había instalado un aparato en los vehículos con motores diésel para ocultar las emisiones reales de óxidos de nitrógeno, un producto que destruye el ozono en la atmósfera.

Evitar multas mayores

Daimler señaló en un comunicado que recoge Efe que el acuerdo evitará "prolongadas acciones judiciales con respectivos riesgos legales y financieros". La compañía también dijo que "niega las alegaciones de las autoridades así como las acusaciones de los querellantes de la demanda colectiva y no admite ninguna responsabilidad con los Estados Unidos, California o los demandantes".

"El acuerdo resuelve los procesos pendientes civiles de la compañía con las autoridades de Estados Unidos sin alcanzar ninguna determinación" sobre el trucaje de los motores de Daimler para evadir los requisitos de emisiones, terminó señalando la compañía.

En abril de 2017, Volkswagen fue condenada en Estados Unidos a pagar 4.300 millones de dólares por una conspiración de largo plazo para vender casi 600.000 vehículos diésel manipulados para ocultar sus emisiones reales. Y en enero de 2019, el grupo Fiat Chrysler (FCA) aceptó pagar 800 millones de dólares en Estados Unidos para resolver demandas sobre el uso de software ilegal para ocultar las emisiones de sus motores diésel.

Millonarias multas en Estados Unidos que contrasta con Europa, donde no ha habido a pesar de las demandas multas equiparables a lo que sí ha logrado la justicia norteamericana. En el viejo continente hay abiertas diversas diligencias contra altos cargos, como es el caso de la Audiencia de la ciudad alemana de Braunschweig, que procesará por un presunto delito de fraude al expresidente del grupo Volkswagen Martin Winterkorn por el escándalo de las emisiones contaminantes. Un proceso contra Winterkorn que se abre cinco años después de que se destapase la manipulación masiva de las emisiones, que afecta a once millones de vehículos en todo el mundo, y casi año y medio después de que la Fiscalía acusase al exdirectivo del mayor fabricante de vehículos de Europa.

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