Publicado: 18/09/2016 04:00
La deuda pública volvió a batir un nuevo récord en el segundo trimestre del año al sumar 1,106 billones de euros (23.816 euros por habitante), el 100,5% del PIB. Desde que estalló la crisis no ha hecho más que crecer hasta llegar prácticamente a triplicarse. En concreto, ha pasado de sumar 383.798 millones en 2007 a empezar 2016 consolidada por encima del billón de euros. En términos de PIB, ha pasado del 35,5% marcado en el último ejercicio anterior al ajuste a cerrar el segundo trimestre en el 100,5%. Nada más y nada menos que 65 puntos en ocho años y medio.
¿Pero es solo culpa de la crisis? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo tiene muy claro: la respuesta es no. Es cierto que el ajuste explica casi la mitad del aumento, unos 32 puntos de deuda, pero el resto hay que achacarlo a la debilidad estructural que padecen las cuentas públicas y a la dinámica de la propia deuda. Así lo ha explicado recientemente el presidente del organismo, José Luis Escrivá.
En concreto, la Autoridad Fiscal cree que 21 puntos de los 65 se deben a la evolución del propio ciclo económico, mientras que 7 se explican por las ayudas que se concedieron a la banca para reestructurar el sector financiero y 4 por la participación española en los programas de ayuda a otros países. En total, 32 puntos que se pueden explicar íntegramente por el periodo económico. Los 33 restantes se deben a la dinámica de la propia deuda (8 puntos) y a la debilidad estructural de las cuentas públicas (25 puntos).
De hecho, es esta debilidad la que preocupa profundamente a la AIReF, que también asegura que a finales de 2018 o principios de 2019 dejarán de soplar los vientos de cola que han impulsado la economía estos años y aparecerá un déficit estructural de unos 25.000 millones que no podrá corregirse con la normativa actual y que tendrá que resolverse con nuevas iniciativas. Más de la mitad de ese déficit estructural se debe a la delicada situación que atraviesa la Seguridad Social, con un gasto creciente y unos ingresos insuficientes para financiarlo.
La Ley obliga a reducir la deuda al 60% en 2020, un objetivo que no se alcanzará hasta el año 2035, según la Autoridad Fiscal
Si no se corrige ese déficit, difícilmente empezará a bajar la deuda. La Ley de Estabilidad obliga a reducir este parámetro al 60% en el año 2020, un objetivo que cuando se planteó parecía alcanzable, pero que hoy en día es a todas luces imposible. De hecho, algunos organismos creen que esta meta no se podrá alcanzar hasta dentro de unos 20 años y piden que se cambie la ley para fijar cifras más creíbles.
Según las estimaciones de la AIReF, la deuda acabará 2016 en el 99,5% del PIB, por encima de la previsión oficial del Gobierno (99,14%), con un incumplimiento de todos los subsectores, menos de las comunidades autónomas, que finalizarán 2016 con una deuda muy próxima al 25%. En el segundo trimestre las comunidades se anotaron un endeudamiento del 24,6%, 273.199 millones de euros. La Comunidad Valenciana, con una ratio del 41,7%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Cataluña, con el 35,9%, y Castilla-La Mancha, con el 35,8%.
En cualquier caso, la AIReF siempre dice que el análisis de la deuda pública no debe ceñirse al riesgo de incumplimiento de los objetivos, sino que debe analizarse a medio plazo, debido a la exigencia que marca la Ley. El organismo fiscalizador ve absolutamente imposible reducir la deuda al 60% en 2020 y retrasa este hito hasta el año 2035. Por eso, ha reclamado en varias ocasiones una modificación de la norma con el fin de establecer objetivos más realistas.
De hecho, en alguna ocasión la AIReF ha admitido que el reto podría retrasarse a 2041 si la economía empeora y el escenario macroeconómico es menos favorable, algo que no se puede descartar en estos momentos. Por niveles de administración, el Estado y la Seguridad Social podrían alcanzar su objetivo en 2028, aunque habrá que esperar diez años más para que lo logren las comunidades autónomas. Las corporaciones locales ya están en línea con lo que establece la ley.
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