La deuda pública baja 2.700 millones en julio, pero sigue rondando el 98,5% del PIB

La deuda pública ha mejorado en el séptimo mes del año al bajar en más de 2.700 millones de euros, pero sigue rondando el 98,5% del PIB, según los datos publicados este martes por el Banco de España. A pesar del descenso, la deuda sigue lejos del objetivo marcado para este año del 96,8% del PIB, así que tendrá que mantener esta tendencia a la moderación en los próximos meses para poder cumplir lo pactado.

Por administraciones, la deuda bajó en el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, pero se mantuvo estable en la Seguridad Social. Eso sí, la mayor parte de la deuda pública sigue en manos de la administración central, que acumula el 87% del total.

De hecho, hoy una deuda de 1,016 billones de euros, una cifra que está muy por encima de los 291.771 millones que deben las comunidades autónomas. Los ayuntamientos tienen actualmente una deuda de 28.767 millones, mientras que las administraciones de la Seguridad Social cuentan con un nivel de deuda de 34.888 millones, la misma cifra que la registrada hasta junio. 

La deuda, en el punto de mira

En cualquier caso, la bajada de julio no aleja la deuda de los máximos históricos en los que lleva años instalada: 1,16 billones suma actualmente. Son muchos los expertos que están centrando su discurso en el peligro de tener una deuda tan alta y la necesidad de tomar medidas para reducirla.

Es cierto que, en términos de PIB, la deuda lleva bajando desde el año 2015, pero en términos brutos, es decir, en millones de euros, subiendo a razón de 30.000 millones al año. Y volverá a hacerlo en 2018, según se desprende de la primera notificación que envió el Gobierno este año a Bruselas.

Además, muchos analistas alertan ya del elevado nivel de deuda y lo difícil que va a ser para España reducirla. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por ejemplo, cree que este parámetro podría enquistarse en el 85% del PIB si no se toman medidas para reducir el déficit estructural que sufren las administraciones públicas.

Más allá del problema que supone en términos de cumplimiento, la Ley de Estabilidad obliga a reducir este parámetro al 60% en el año 2020, el principal problema es que Bruselas pondrá el foco en la deuda cuando España salga del procedimiento de déficit excesivo este mismo año. Y es que lo más probable es que entre en un nuevo procedimiento, "una norma transitoria de reducción de deuda", que permitirá a las autoridades exigir nuevas medidas si este parámetro no se reduce a u ritmo adecuado.