Democracia y justicia, las menores preocupaciones de la unión bancaria

La unión bancaria, uno de los pilares de la UE, viene torcida de serie. El caso Banco Popular ha puesto de manifiesto cómo la burocracia de Bruselas y Frankfurt pueden pasar por encima de cientos de miles de ciudadanos e incluso de una cámara de representación como el Congreso de los Diputados.

Ha sido la tónica habitual cada vez que los diputados españoles han pedido colaboración a Europa para arrojar luz sobre la crisis de Banco Popular. La respuesta ha sido siempre un “no podemos revelar estos datos”, “ya contestaremos por escrito” o evasivas.

Lo mismo ha venido ocurriendo en la Audiencia Nacional y en los recursos ante el Tribunal de Luxemburgo de centenares de afectados, a los que todavía se niega gran parte de la documentación de la resolución del Popular. Y cuando se da es censurada, como con el informe de valoración de Deloitte.

Último episodio

Ayer se vivió un nuevo episodio, con la declaración del inspector clave –coordinador del equipo conjunto BCE-Banco de España- de Popular hasta febrero de 2017, Ignacio Pardo. El supervisor español recibió orden expresa del BCE de no contestar ninguna pregunta sobre su trabajo entre 2014 y 2017, a pesar de que los que preguntaban eran los representantes de todos los españoles.

El Congreso tendrá que remitir unas preguntas por escrito para que el BCE responda lo que estime, aunque ayer se perdió la oportunidad de que uno de los inspectores de campo que mejor conoció Popular diera una visión clave sobre lo que ocurrió. Algo que hubiera enriquecido el trabajo que está haciendo la Comisión de Investigación de la crisis financiera.

En este terreno, el BCE está quedando a años luz del Banco de España, que desde el primer momento ha mostrado su máxima colaboración con el Congreso. Ayer Pardo pudo responder a todas las preguntas que se le hicieron sobre su trabajo sobre Popular como inspector del  Banco de España, aunque optó por mantener un perfil bajo y no contar lo que sabe él y gran parte del cuerpo de inspectores: Popular, como muchas otras entidades, fue una patada hacia delante en materia de supervisión.

La declaración de Pardo recordó a la de la presidenta de la JUR, Elke König, que tras hacer esperar horas a los diputados españolas no respondió a casi ninguna de las preguntas y provocó una de las reprimendas más sonadas de la Comisión por parte de su presidenta, Ana Oramas.

Burocracia

Frente a la transparencia y a la necesidad de rendir cuentas, el BCE y la JUR se aferran a que la confidencialidad; al efecto que puede tener que se conozcan cuestiones de procedimiento; y a que salirse del carril puede tener consecuencias jurídicas impredecibles. De hecho, Bruselas ya se lavó las manos la semana pasada señalando que cualquier factura judicial debería ser asumida por Santander, a pesar de que quien tomó la decisión formal de valorar a cero las acciones y bonos subordinados de Popular fueron la JUR y el Frob.

Este proceso demuestra que en Bruselas y Frankfurt a veces pesa más la burocracia que los intereses de los ciudadanos. Ayer un diputado español recordaba que ha sido esta burocracia la que ha hecho que los británicos voten a favor del Brexit. Algo que sobre lo que debería meditar más de uno al norte de los Pirineos.