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Economía

La amenaza de deflación cuestiona la subida de pensiones y salarios públicos

Imagen de archivo de un pensionista

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa después de la moción de censura, el Gobierno ha revalorizado anualmente las pensiones según su previsión de cómo evolucionaría la inflación en el año siguiente, un porcentaje que suele variar muy poco respecto a la media del IPC de los últimos doce meses previos a diciembre del año en que se aprueba la revalorización. 

Así, las pensiones subieron un 1,6% desde el 1 de enero de 2019 (el promedio de inflación de los doce meses anteriores había sido del 1,7%) y un 0,9% desde el 1 de enero de 2020 (con un promedio previo del 0,7%). En 2018 las pensiones se subieron a mitad del año hasta el 1,6%, pero como la inflación media del año resultó ser del 1,7%, el Ejecutivo compensó a los pensionistas por esa pérdida de una décima con una paguilla extraordinaria que se abonó en enero de 2019. 

Sin embargo, aunque el Gobierno compensa a los pensionistas cuando se queda corto en la inflación prevista, no ocurre lo contrario cuando el Ejecutivo cree que la inflación va a ser superior a lo que es realmente. En 2019, cuando el IPC promedio se quedó en 0,7% y no en 1,6%, los pensionistas no tuvieron que devolver ese incremento adicional, con lo que el Estado gastó 800 millones que se podrían haber evitado.

En esta ocasión, la subida aprobada del 0,9% también engordará el gasto más de lo necesario, ya que según prevé el Gobierno en el Programa de Estabilidad 2020-2021, remitido a Bruselas a cierre de abril, los precios bajarán en 2020 un 1,5%. 

Para estimarlo, el Ministerio de Economía utiliza el deflactor del consumo privado, ya que es el indicador apropiado en términos de Contabilidad Nacional, y que a medio plazo tiende a converger con el IPC. Según este indicador, los precios serán de media en 2020 un 1,5% inferiores a los de 2019, debido principalmente al hundimiento del precio del petróleo

La Airef prevé que las pensiones subirán un 1% en 2021

Junto a la recuperación de la economía, los expertos esperan que la inflación se recupere en 2021. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) asume en su último informe que el Gobierno revalorizará las pensiones un 1% en 2021, en línea con la inflación prevista para ese año. Este pronóstico, no obstante, depende de cómo fluctúe el precio del petróleo, extremadamente volátil en los últimos años. 

Las dudas sobre el precio del crudo, unidas a la incertidumbre sobre la evolución del coronavirus (con la posibilidad sobre la mesa de que haya rebrotes y nuevos confinamientos), y a la previsión de que el IPC caiga este año, disuaden al Gobierno de garantizar al 100% si habrá subida en 2021

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social señalan que "el compromiso de actualización de las pensiones, como dijo el ministro José Luis Escrivá la semana pasada, se mantiene". Pero actualizar y subir no son sinónimos. Zanjan el asunto señalando que dada "la incertidumbre que hay sobre todos los indicadores económicos", prefieren no hacer "especulaciones ahora mismo con cuánto y cómo" subirán las pensiones en 2021.

Prueba de estas dudas es que el Ejecutivo no ha incluido en su Programa de Estabilidad la intención de revalorizar las pensiones en 2021, como ha hecho en otras ocasiones, lo que tendrá impacto en el gasto público y por tanto debería aparecer desglosado en su cuadro de ingresos y gastos

Empleados públicos

La subida de sueldo de los empleados públicos tampoco está clara. El último acuerdo que se alcanzó en este sentido se firmó en marzo de 2018 y recogía la subida salarial para este colectivo en los años 2018, 2019 y 2020.

Se pactó entonces una subida fija del sueldo y una subida variable, en función del crecimiento de la economía española y, en el caso de 2020, ligada también al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En este caso, la caída del PIB de en torno al 9% para este año y el incremento del déficit público hasta el 11% del PIB frustrarán el incremento variable de este ejercicio.

Los sindicatos y el Ejecutivo deben negociar ahora la subida para los próximos tres años, que tampoco ha sido incluida en el Programa de Estabilidad. 

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