El ‘decretazo’ de Nadal sobre energía desafía a la UE y causa otro fuego en la CNMC

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, con el que arrebatará a la CNMC varias competencias relacionadas con el sector de la energía, ha pillado a contrapié a los miembros de este organismo. Su presidente, José María Marín Quemada había reclamado en varias ocasiones al Ejecutivo que le otorgara el control sobre los peajes eléctricos, lo que evitaría, entre otras cosas, que las decisiones políticas afectaran a la factura de la luz. Lejos de atender a estas peticiones y, por sorpresa, el Gobierno decidió el pasado viernes limitar todavía más el campo de actuación de esta institución.

La normativa se publicó con el fin de adaptar la estructura del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a los dictados de las leyes sectoriales más recientes sobre energía o telecomunicaciones. En virtud de su contenido, la Secretaría de Estado de Energía asumirá las inspecciones y liquidaciones del sector eléctrico, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos y el control del sistema de certificados de biocombustibles.

El decreto deja claro que este departamento ministerial se ocupará a partir de ahora de “la elaboración de propuestas sobre regulación” y, en su caso, de la “aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos, así como la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético”.

Esto vulneraría la directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad (Directiva 2009/72/CE), que en su artículo 37.1 señala que estas funciones le corresponden a la autoridad reguladora de cada Estado miembro. En el caso de España, a la CNMC, señalan fuentes del sector energético.

También contravendrían esta norma europea los puntos del Real Decreto que hacen referencia al “control, inspección y sanción en materia energética”, así como a la inspección de las instalaciones eléctricas, que a partir de ahora correrá a cargo del Ejecutivo. El ministerio encabezado por Álvaro Nadal se encargará también de las funciones relativas a la “organización y el funcionamiento de los mercados de electricidad y gas”, que dos reglamentos europeos aprobados en 2015 y 2016 asignan a la CNMC.

Malestar en la CNMC

Dentro del organismo, existen dos posiciones al respecto, según ha podido cotejar este periódico. Una parte de sus miembros incide en que la autoridad reguladora española ejercía estas tareas de forma provisional y que, por tanto, es lógico que el Gobierno las hayas reclamado. Entre otras cosas, porque así lo dictan las leyes sectoriales y porque la CNMC no cuenta con los medios suficientes para realizar estas tareas de forma permanente sin que su funcionamiento se vea perjudicado.

Otra parte de los componentes de la institución asegura que esta maniobra del Ejecutivo supone otro duro golpe al regulador y a su representante institucional, Marín Quemada, que había reclamado por activa y por pasiva las competencias sobre los peajes eléctricos y el espectro radioeléctrico para adecuarse a la legislación europea y para evitar que su gestión se realice en virtud de criterios políticos.

No hay que olvidar que este Real Decreto surge en un momento en el que PP, PSOE y Ciudadanos trabajan en la división de la CNMC en dos organismos independientes que se encarguen, por un lado, de la supervisión y regulación de los mercados; y, por otro, de la promoción de la competencia. Por otra parte, su publicación se ha producido unas semanas después de que entraran en su Consejo Mariano Bacigalupo (PSOE), María Canedo (Ciudadanos), Bernardo Lorenzo -readmitido en 2017 por sentencia judicial y propuesto en 2013 por el PSOE- y Xabier Ormaetxea –el mismo caso que Lorenzo, pero designado por el PNV-.

En cualquier caso, la decisión no se esperaba dentro del organismo, máxime si se tiene en cuenta que España se enfrenta a posibles sanciones de la Comisión Europea por incumplir dos directivas sobre el mercado interno de electricidad (Directiva 2009/72/CE) y gas (Directiva 2009/73/CE). La UE inició en 2016 acciones jurídicas contra el país, entre otras cosas, por haber “transpuesto incorrectamente algunas disposiciones sobre la independencia de la autoridad nacional de reglamentación”.