BBVA defiende una renta universal que costaría 200.000 millones al año

La crisis económica ha generado una importante brecha social en España. Son muchos los expertos que dicen que el país ya está saliendo de la crisis, pero a costa de elevar y mucho la desigualdad entre los españoles. Por eso algunos expertos han puesto sobre la mesa propuestas controvertidas, como el establecimiento de una renta básica universal que alivie esta brecha social y consolide la recuperación.

¿En qué consistiría esta renta básica universal? En una transferencia monetaria que se otorgaría a cada persona para aportar un ingreso mínimo que acabe con situaciones de vulnerabilidad económica y facilite la participación en el mercado laboral. Ya existe en algunos lugares, como en Alaska, y países como Finlandia y Canadá están experimentando con cosas similares. 

En España también se oyen algunas voces que empiezan a plantear este tema, aunque solo Podemos  incluyó una propuesta similar en su programa, y además la fue rebajando con el paso de los meses. Es cierto que PP y Ciudadanos pactaron un complemento salarial, pero poco tiene que ver con la renta de la que hablamos. Además, esta propuesta también se ha ido diluyendo mucho con el paso del tiempo y parece que finalmente quedará en una ayuda para jóvenes menores de 30 años vinculada a la formación.

¿Pero realmente se puede hacer algo así en España? El Servicio de Estudios de BBVA (BBVA Research) ha elaborado un informe en el que intenta cuantificar el coste de poner en marcha una medida de este tipo. Calcula que esta renta básica llegaría a 43,74 millones de beneficiarios y costaría, nada más y nada menos, que 280.092 millones, una cantidad inasumible para un país como España.

Casi 200.000 millones

Eso sí, hay que tener en cuenta que sustituiría a otras prestaciones y subsidios que actualmente existen aquí y que, con la creación de esta renta, dejarían de aplicarse o se reducirían considerablemente, como las pensiones, las prestaciones por desempleo o las ayudas a la vivienda. Así que el coste neto de la medida se quedaría en 187.870 millones, el 17,4% del PIB.

El banco hace este cálculo considerando una renta básica universal de 7.471 euros anuales para todos los adultos y 1.492 euros para los menores de edad. Es decir, 625 euros al mes para adultos y 125 euros para las personas con menos de 18 años. Las cifras las obtiene a partir de las ideas de tres economistas que defienden esta propuesta: Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluis Torres.  

Los cálculos del banco se basan en una renta de 625 euros al mes para adultos y de 125 euros para los menores de 18 años

Otro detalle importante que hay que tener en cuenta es que el cálculo se ha hecho pensando en que la renta básica sustituiría a las prestaciones y subsidios (pensiones, desempleo, familia, vivienda, etc.), equivalentes en 2010 a 92.222 millones. En los Presupuestos de 2017, por ejemplo, solo las pensiones sumaban casi 140.000 millones, así que puede que el coste real fuera mayor.

A pesar del elevado coste, el banco reconoce que una medida así tendría algunas ventajas, puesto que daría una respuesta adecuada a los problemas crecientes de escasez de empleo y de desigualdad. Además, eliminaría el riesgo de pobreza absoluta sin generar trampas porque no se perdería al obtener otras rentas y elevaría el salario de reserva y el poder de negociación. Y no estigmatizaría socialmente a sus perceptores, incentivaría la educación y aumentaría la libertad para decidir sobre proyectos individuales.

Aunque BBVA cree que tiene algunas ventajas, avisa de que el coste podría ser demasiado alto y apuesta por otras políticas

Eso sí, no todo son ventajas. También hay inconvenientes. Los costes que tendría que asumir el Estado al poner en marcha una medida de este tipo serían muy elevados y generarían dilema entre generosidad y presión fiscal, porque necesariamente habría que cobrar más impuestos a todos los españoles para que fuera viable. Por ejemplo, se eliminaría el mínimo exento actual del IRPF para conseguir 21.600 millones más a través de la recaudación.

Y esa mayor presión fiscal podría reducir la oferta y demanda de trabajo en España. Así que estaríamos hablando de efectos negativos sobre el empleo y ambiguos sobre los salarios. Además, aumentar tanto la presión fiscal también puede afectar al crecimiento de la economía y elevar el nivel de fraude. Sobre todo si se aumentan impuestos como los directos, que son capaces de distorsionar mucho más la actividad.

Por eso, el banco concluye que sería mejor pensar en otras políticas económicas para solucionar los problemas de desigualdad. Más aún en países como España, donde el Estado de bienestar aún tiene muchos márgenes de mejora en políticas de igualdad de oportunidades, empleo, formación, complementos salariales y otras iniciativas.