Publicado: 22/07/2020 04:45
El Ministerio de Justicia busca proveedores de mascarillas, guantes y jabón de manos para proteger a sus trabajadores del coronavirus. El equipo que lidera el ministro Juan Carlos Campo, a través de su junta de contratación, ha lanzado un concurso público valorado en 1,1 millones de euros, dividido en tres lotes, para que los candidatos presenten sus ofertas antes del 5 de agosto.
Esta compra de material sanitario se convierte en la primera que realiza el Gobierno a través de un concurso público tras más de un centenar de adjudicaciones otorgadas de manera unilateral debido a la pandemia. Los diferentes ministerios del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez han recurrido durante el estado de alarma al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para poder realizar estas compras 'a dedo'.
Aunque, según matizan fuentes del Ministerio de Justicia a Vozpópuli, no es necesario estado de alarma para la contratación de emergencia. Esta normativa, que ha durado desde el 14 del marzo hasta el pasado 21 de junio, habilita al Gobierno para elegir los proveedores que considere adecuados para compras que, en algunos casos, han superado los cien millones de euros.
La justificación de recurrir a esta ley era "atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19 con la etiqueta de tramitación de emergencia", explicaban desde la propia web del Ministerio de Hacienda.
Sólo el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha comunicado al Portal de Contratación 72 contratos con la etiqueta 'Covid' y 32 del expediente 'Covid-I' que se han otorgado desde el 14 de marzo de manera unilateral. El Ministerio de Sanidad, ante la consulta de este medio, no ha hecho ninguna valoración sobre los concursos para la compra de material y los contratos en marcha tras el estado de alarma.
Cumplir con los requisitos
Justicia ha puesto encima de la mesa este martes un concurso que exige a los oferentes requisitos previos a la compra para que, entre otras, el millón de mascarillas que demanda tengan el "etiquetado con la marca CE de conformidad" y que presenten "resistencia a la penetración de virus". Requisitos que no han cumplido algunos de los lotes comprados durante el estado de alarma y que han tenido que ser devueltos a los proveedores tras ser utilizados.
Un concurso que es pionero en el Gobierno, pero no en otros organismos públicos. Este es el caso de Correos. La empresa, perteneciente en un 100% a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), anunció el pasado 22 de abril la disposición de 11,8 millones de euros para comprar cerca de cinco millones de mascarillas.
El equipo del ministro Juan Carlos Campo lanza este pliego para complementar sus compras realizadas durante el estado de alarma. En total, ha invertido 2,3 millones de euros en material sanitario para la protección del personal."El Ministerio de Justicia tiene existencias suficientes para cubrir los próximos meses pero quiere adquirir nuevo material de forma responsable", concluyen fuentes del Ministerio.
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