ECONOMÍA

La subida del salario mínimo, las pensiones y los sueldos públicos impacta más a estas comunidades

Aunque la legislatura de Pedro Sánchez ha durado sólo ocho meses y no ha podido sacar adelante sus Presupuestos, sí ha tenido tiempo de aprobar algunas medidas que han impactado más a unas comunidades que a otras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en Santander.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en Santander. EFE

Pedro Sánchez ha tenido que poner fin a su legislatura después de ver frustrado su intento de sacar adelante unos Presupuestos Generales que se consideraban los más sociales de los últimos años, debido al gran aumento del gasto público que comprendían y el alza de impuestos para financiarlo, pero ha habido algunas medidas que sí ha tenido tiempo de aprobar por real decreto-ley. 

Este es el caso de la subida del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que aprobó en diciembre de 2018 y entró en vigor el 1 de enero, hasta los 900 euros al mes. 

Esta medida ha sido controvertida, porque aunque mejora el nivel adquisitivo de los que menos ganan, tendrá como efecto colateral la destrucción del empleo menos productivo (el Banco de España cifra en 125.000 trabajadores el impacto) y ralentizará la creación de empleo. 

Según los expertos del servicio de estudios de BBVA, afectará a los trabajadores más vulnerables: las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los menos cualificados, los contratados a tiempo parcial, los temporales y quienes trabajan en empresas de menor tamaño y poco competitivas.

Por otro lado, las empresas también se verán afectadas ya que se elevarán sus costes laborales, lo que repercutirá directamente en su nivel de competitividad en el exterior y su productividad. 

Canarias, la más afectada por la subida del SMI

El panel de analistas de Funcas explica que existe una correlación proporcional entre las comunidades con tasas de paro más elevadas y el impacto de la subida del SMI.

Según sus estimaciones, Canarias sería la comunidad más afectada más por esta medida, ya que cuenta con una tasa de paro del 20% y una elevada proporción de ocupados que cobran el Salario Mínimo.

Además, si el Gobierno eleva el SMI de 900 euros a 1.000 euros en 2020, tal y como tiene previsto y acordado con los agentes sociales, entonces el volumen de trabajadores que cobran el SMI pasará de representar el 4,3% en 2018 al 19,6% en 2020.

A continuación sitúan a Extremadura y la Región de Murcia y, a algo más de distancia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. 

"Estas diferencias regionales apuntan a una preocupación según la cual un aumento excesivo del SMI podría desplazar del mercado de trabajo a grupos de la fuerza laboral que ya se encuentran en alto riesgo de exclusión", advierten.

La cornisa cantábrica, tierra de pensionistas

Otra de las medidas aprobadas por Sánchez ha sido la subida del 1,6% en las pensiones generales y del 3% en las mínimas y las no contributivas para 2019, lo que ha mejorado el poder adquisitivo de los pensionistas, especialmente si se compara con el aumento del coste de la vida (ya que la inflación podría ser incluso menor de la esperada este año por los bajos precios del petróleo). 

La medida tampoco influye de forma homogénea a todo el país, ya que no todas las comunidades cuentan con el mismo volumen de pensionistas. En aquellas en las que este colectivo tiene una mayor representatividad podría producirse un incremento del consumo privado, impulsado por la mayor renta disponible de estas personas. 

Las regiones de la cornisa cantábrica son las más beneficiadas por esta medida, ya que son las que cuentan con una población más envejecida y con más cuota de pensionistas. En concreto, los expertos de BBVA Research señalan al Principado de Asturias, Cantabria y Galicia, así como a Castilla y León por su despoblación y el envejecimiento de sus habitantes.

Extremadura y el sur, más cuota de empleados públicos

También ha mejorado el poder adquisitivo de los empleados públicos, ya que Sánchez ha aprobado una subida de su sueldo del 2,25% a la que se podría añadir una parte variable de 0,25%.

Las comunidades a las que más impacta esta medida son aquellas en las que hay más proporción de funcionarios, es decir, Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia.



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