Empleo público

Las comunidades han multiplicado por 12 el número de funcionarios en 30 años

Hoy en día las CC.AA. y los ayuntamientos son responsables del 80% del empleo público del país, lo que convierte a España en uno de los países más descentralizados en este sentido, al nivel de otros como Suecia o Alemania.

El Gobierno se ha comprometido a presentar en 2017 la mayor oferta de empleo público desde antes de la crisis. La tasa de reposición, que tanto ha limitado la expansión de este tipo de empleo en los últimos años, superará el 100% en algunos sectores clave como la Educación, la Sanidad y la Justicia. Tras esta afirmación, merece la pena detenerse un rato a analizar lo que ha ocurrido con el empleo público en los últimos años y es lo que han hecho el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y Esade, que han elaborado un profundo informe titulado 'El empleo público en España: desafíos para un estado democrático eficaz'.

El informe es muy completo e incluye multitud de datos. Uno de los que se puede desprender es que las comunidades autónomas han multiplicado por 12 el número de empleados públicos en los últimos treinta años, al pasar de los 107.000 que había en el año 1983 a los 1,28 millones de 2015. El informe recoge las cifras del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En cambio, el número de empleados públicos de la Administración General del Estado ha caído casi un 60% al pasar de 1,35 millones a 577.000 empleos en ese mismo periodo.

Así, el Estado ha pasado de ser el responsable del 80% del empleo público hace 30 años a quedarse con el 22,3% del total. El resto, el 80% del empleo, está en manos de las comunidades y los ayuntamientos. Esto convierte a España en uno de los países más descentralizados en empleo público, al nivel de otros como Suecia, Suiza, Canadá, Bélgica y Alemania. Si atendemos solo a lo ocurrido desde el inicio del nuevo milenio (2001), la pérdida de empleo del Gobierno central ha sido de 20 puntos.  

Otro de los datos que recoge el informe es que las comunidades han sido las que menos han ajustado el empleo público a lo largo de la crisis. Mientras que el Estado ha recortado sus plantillas un 4,46% y los Ayuntamientos un 7,39%, las regiones solo lo han hecho en un 1,24%. En cualquier caso, lo cierto es que ninguna administración redujo el empleo público bien entrada la crisis. Durante los primeros años, se siguieron creando puestos para funcionarios.

Tanto es así que el empleo público en España alcanzó un máximo histórico en el año 2011, tras haber aumentado en unas 300.000 personas entre 2007 y ese año. En el último año de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las cosas cambiaron. Y el ejecutivo que llegó después a La Moncloa, el Mariano Rajoy, mantuvo la tendencia. Entre 2011 y 2014 se destruyeron casi 350.000 empleos públicos. Hoy en día el empleo público está en el mismo nivel que había antes de la crisis.

En cualquier caso, el informe asegura que el porcentaje de empleados públicos sobre el total de empleados en España está ligeramente por debajo de la media de la OCDE, que es del 21%. En cambio, la remuneración de este tipo de empleo sobre el PIB se sitúa en el 11%, una cifra muy similar a la media. La explicación más probable, según el informe, no es que los funcionarios cobren más en España, sino que en otros países existen muchos empleos a tiempo parcial, lo que reduce las remuneraciones.

El ajuste del empleo en el sector privado ha doblado al del empleo público

Una de las cosas que diferencia a España de otros países, es la comparación del comportamiento del empleo público y privado durante la crisis. En este sentido, el informe coge solo el periodo comprendido entre 2009 y 2014 y sostiene que el empleo privado cayó estos años el doble de lo que cayó el público. En cambio, en Reino Unido, cayó el empleo público y se mantuvo el privado.

Lo que tienen en común casi todos los países son los ajustes a los que han recurrido para ajustas las partidas destinadas a financiar el empleo público: la congelación salarial, la medida más común entre los países de la OCDE, la reducción o eliminación de las pagas extra y la no reposición de las vacantes que se iban creando con el paso del tiempo. Ésta última medida ha sido sin duda, la más efectiva, aunque el informe reconoce que pone en riesgo la calidad y la eficacia de los servicios públicos.

Propuestas

En este contexto, el informe recoge también una serie de propuestas para mejorar la administración. Entre ellas destacan dos: aplicar con más normalidad el despido por motivos disciplinarios o evaluaciones continuas de signo negativo y reformar el sistema de retribuciones, vinculándolo más a la economía real y, en especial, al sector privado, aunque mantuviera alguna de sus características actuales.

También sugiere que los sueldos de los empleados públicos empiecen en un nivel más bajo que el actual y que puedan crecer más en los niveles superiores, así como mantener un nivel de competitividad salarial más ajustado  a la media del mercado laboral general, introducir más componentes variables ligados a los resultados y a los comportamientos, crear incentivos grupales y aumentar la percepción de equidad interna.



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