Publicado: 08/09/2020 04:45
Los fondos extranjeros que en los últimos años han invertido miles de millones de euros en el sector inmobiliario español están instando al Gobierno y a formaciones políticas a que acudan al Tribunal Constitucional si sale adelante el proyecto de ley que regulará el precio del alquiler en Cataluña, y que está previsto que se vote el miércoles en el Parlament.
La propuesta normativa, ideada por plataformas antideshaucios y otras asociaciones, viene apoyada por JxCat, ERC, la CUP, y de Catalunya en Comú Podemn, por lo que la misma saldría adelante a pesar de contar con el voto en contra de PP, PSC y Ciudadanos.
El Consell de Garanties Estatutàries, conocido como el Tribunal Constitucional Catalán, ya ha tumbado por unanimidad algunos puntos del decreto de limitación del alquiler de la Generalitat, presidida por Quim Torra, al invadir competencias del Estado.
El proyecto "atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña"
Las conclusiones de este estamento catalán no son vinculantes, por lo que los fondos internacionales instan a la oposición y, principalmente, al Gobierno, a que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley que regula los precios del alquiler.
"Aunque la oposición o una asociación presente recurso ante el Constitucional, pueden pasar hasta 18 meses para que llegue el dictamen, que seguro que lo tumba, pero mientras tanto se habrá instalado un periodo de incertidumbre en el que se va a paralizar toda la inversión inmobiliaria en Cataluña", advierten fuentes cercanas a un fondo estadounidense.
"La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez", indican. "Si el recurso lo presenta el Gobierno, el proyecto se suspende, es la única manera de no iniciar un periodo de incertidumbre que va a expulsar a los inversores", señalan las mismas fuentes. "Pero en plena negociación de los Presupuestos, no sabemos que va a hacer el Gobierno", añaden.
La asociación Asval, que representa los intereses de inmobiliarias y socimis controladas por los fondos Blackstone, Ares Management y Castlelake, advirtió el lunes en un comunicado que la propuesta que se vota el miércoles "atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña".
Los colectivos en situación de vulnerabilidad, las rentas más bajas y los jóvenes "serán quiénes sufrirán más los efectos de esta ley ya que, como han señalado diferentes organismos internacionales y el Banco de España, el control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda en alquiler", sostiene la asociación.
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