Economía

Púnica, límite 48 horas: la instrucción del mayor caso de corrupción vence el 6 de junio

La fecha establecida para el término de la instrucción del 'caso Púnica' es el próximo 6 de junio. Dos días antes, el 4 de junio, se levanta la suspensión de los plazos procesales decidida por la crisis del coronavirus

El ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, tras su detención por la trama Púnica.
El ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, tras su detención por la trama Púnica. Efe.

La instrucción de Púnica, el mayor caso de corrupción investigado en la actualidad en España, debería finalizar el sábado de la próxima semana, el día 6 de junio. Ilustres políticos y empresarios, fiscales, abogados y jueces tienen marcado a fuego esa fecha.

Dos días antes, el jueves 4 de junio, se reanudan los plazos procesales suspendidos por la crisis del coronavirus. En ese plazo, 48 horas, del jueves al sábado, deberá aclararse si se amplía el periodo de instrucción de Púnica, y en cuánto tiempo.

El caso Púnica va a poner a prueba de esta manera la interpretación que la Justicia haga del decreto del pasado 28 de abril, en el que se aludía a la reanudación de los plazos procesales. Y también pondrá a prueba la validez del polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, María Dolores Delgado, se ha mostrado a favor de derogar el artículo 324

La Fiscalía sostiene que el contador ha de ponerse no a la hora en la que se decretó el estado de alarma, sino a cero. En el caso de Púnica, esto supondría otros 18 meses de investigación. Los imputados en la presunta trama de corrupción, posiblemente no hagan la misma lectura del decreto que hace Fiscalía.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy limita a 18 meses, prorrogables a otros 18, las causas declaradas complejas, como son los casos de corrupción (como Púnica), en su artículo 324

En el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, se dispuso la suspensión de los términos y plazos procesales.

El 'caso Púnica' estalló el 27 de octubre de 2014, cuando fueron detenidas 51 personas, entre ellas Francisco Granados

El 28 de abril se aprobó el Real Decreto-ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al impacto del coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia. 

En el artículo dos de ese mismo decreto, se indica que los términos y plazos previstos en las leyes procesales suspendidos "volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente".

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Efe.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado elaboró un informe al respecto en el que consideraba que una "interpretación auténtica, pero también literal", de la norma "evidencia que la voluntad del legislador no es otra que volver a computar desde su inicio los términos y plazos procesales, es decir, por no tomar en consideración el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma".

El pasado mes de septiembre el juez imputó a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes

El informe de Fiscalía concluye que en aquellas causas en que la instrucción haya sido declarada compleja, como Púnica, "el plazo de instrucción será de dieciocho meses a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de alarma". 

La exministra de Justicia María Dolores Delgado, nombrada fiscal general del Estado a finales del pasado mes de febrero, se ha mostrado a favor de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Patata caliente

El caso Púnica estalló el 27 de octubre de 2014, cuando agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, detuvieron a 51 personas relacionadas con presuntas prácticas corruptas, entre ellas el ex número dos del PP de Madrid Francisco Granados.

El pasado 2 de septiembre el juez Manuel García Castellón, que sustituyó a Velasco, imputó en el caso Púnica a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Es previsible que ahora Fiscalía requiera al magistrado 18 meses más de investigación, aludiendo al decreto del pasado 28 de abril y a la interpretación que hace del mismo la Fiscalía General del Estado. 

Si el juez concede 18 meses más de investigación en Púnica, es previsible que los imputados acudan a la Sala de lo Penal para oponerse

García Castellón tendrá que dar respuesta al escrito del ministerio fiscal antes del día 6, que es cuando vence la instrucción de Púnica. En el caso de dar una respuesta positiva a Fiscalía, también es previsible que las defensas de los imputados acudan a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para oponerse. 

El juez Manuel García Castellón.
El juez Manuel García Castellón. Efe.

Los abogados de los imputados advertirán entonces que el decreto del pasado 28 de abril se refiere a plazos procesales, no a los plazos de instrucción, que es lo que regula el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y también recordarán que la Constitución en su artículo 86 deja claro que los decretos leyes no pueden afectar a derechos fundamentales, como sería el de los investigados a "un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías".

El juez García Castellón se encontrará el mismo día 4 de junio en su mesa una patata caliente llamada Púnica, con afiladas aristas jurídicas y políticas.

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