Economía

Blackstone "simplifica" la gestión de la catalana Albirana en plena reorganización de su negocio en España

La socimi controlada por el fondo inmobiliario revoca el poder de representar a la empresa en actos administrativos a decenas de empleados y proveedores de servicios de inmuebles, y la limita a su gestora patrimonial, Anticipa, también de Blackstone

Oficina de Blackstone.
Oficina de Blackstone. Efe.

Albirana, socimi de alquiler en España gestionada por Anticipa y controlada por el mayor fondo de inversión inmobiliaria del mundo, Blackstone, ha revocado la categoría de "apoderado" a decenas de empleados de la gestora y empresas proveedoras de servicios a inmuebles de la propia socimi, según consta en el registro mercantil de Barcelona.

Fuentes de Anticipa explican a Vozpópuli que se trata de un "cambio/reducción de apoderados" de orden "logístico" y que apunta a "simplificar" la "gestión diaria" de la socimi (dueña de unos 5.000 pisos de alquiler en territorio español) de forma que Anticipa, que gestiona Albirana desde 2014, pase a ser, como persona jurídica, la única apoderada para representar a Albirana o designar a quien lo haga en actos administrativos (por ejemplo, la firma de la compraventa de pisos). "Se trata de una cuestión interna de eficiencia", aseguran fuentes vinculadas al conglomerado inmobiliario, negando una cuestión estratégica y/o un ajuste de plantilla.

Albirana facturó 22,7 millones en los primeros seis meses de 2019. Había ingresado 16 millones en la primera mitad de 2018, 7,6 millones en 2017 y 2,7 millones en 2016. Al cabo de junio de 2019, el 68% de su facturación procedía de la provincia de Barcelona (15 millones en la primera mitad de 2019, por los 11 millones del mismo lapso en 2018), seguida de la de Madrid (2,27 millones en los primeros seis meses del año pasado, por los 1,5 millones del mismo lapso de 2018). A fecha de junio de 2019, su resultado consolidado era de 19 millones (frente a los 23 millones en los primeros seis meses de 2018).

Movimiento en Blackstone

La 'unificación' de apoderados de Albirana en la figura de Anticipa se conoce de forma sucesiva en el tiempo a otro "movimiento de eficiencia" del brazo residencial de Blackstone en España, la fusión, este mes, de los empleados de las socimis Testa (11.000 viviendas) y Fidere (6.500 viviendas) en la sociedad Testa Homes, que gestionará también 2.000 pisos multifamilia de Aliseda.

En diciembre, el consejero delegado de Testa, el alemán Wolfgang Beck que había llegado en 2018 para disparar su negocio, presentó su dimisión tras inclinarse por otros proyectos, según precisaron a este periódico fuentes ligadas a Blackstone.

Blackstone cerró en 2019 el año con menor inversión en un lustro en España

Poco antes, Vozpópuliavanzó cómo el fondo estadounidense decidió retirarse de la puja por la cartera de hipotecas de 2.700 millones del Banco Santander, cerrando en 2019 el año con menor inversión en un lustro en España e incluso algunas ventas dentro de un plan de 'rotación' de activos.

Vientos regulatorios

Fuentes ligadas al fondo estadounidense niegan que detrás de estos movimientos exista un giro diametral en la estrategia de Blackstone en España (donde actualmente es el principal tenedor de vivienda en alquiler con 35.000 pisos) y aseguran que se trata de "una simplificación de procesos internos y aumento de la eficiencia". Ello, en un contexto en el que emergen vientos regulatorios en el mercado.

La asunción pública de regular los precios del Ayuntamiento de Barcelona (que sería facultada por el nuevo Gobierno central) y el compromiso del pacto de investidura entre PSOE y Unidas Podemos de favorecer que las personas desahuciadas por impago encuentren un alquiler social mediante posibles "obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda" y "nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas" configuran los últimos elementos de una creciente ola de intervención en el mercado que fondos, socimis, consultoras, promotoras y sociedades tasadoras (como la propia Sociedad de Tasación) ven como 'discriminatoria' y 'desincentivadora' al invertir en vivienda.

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