Economía

El Santander no provisiona el pleito de Orcel y mantiene que no firmó ningún contrato

El banco reconoce en sus cuentas anuales el procedimiento judicial contra el banquero italiano por 112 millones de euros, pero mantiene su posición de que el nombramiento no llegó a ser efectivo 

Andrea Orcel y Ana Botín.
Andrea Orcel y Ana Botín. VP.

A menos de dos meses para la vita oral del pleito entre Santander y Andrea Orcel, el banco sigue sin provisionar los 112 millones que le reclama el italiano y lo hace a pesar de reconocer que esta demanda sigue en pie. En el informe financiero anual, el banco defiende su posición argumentado que el contrato requerido por la ley nunca se aprobó o firmó y que el nombramiento no fue sometido a la Junta General de Accionistas (JGA).

El banco recalca que el fichaje también estaba "sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes de evaluación de idoneidad, a la adopción por la JGA de los acuerdos oportunos en relación con su futura remuneración y a la terminación de la vinculación contractual que le ligaba a su anterior empleador". Al no llegar a un acuerdo en la remuneración del banquero de UBS, el consejo decidió paralizar el fichaje, según explicó el banco el pasado mes de enero de 2019. 

Según el diario Financial Times, Orcel demandó más poder a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, días antes de que el grupo abandonara sus planes de contratarlo como consejero delegado. De acuerdo con el rotativo, habría sugerido a Botín la instalación de un sistema "en cascada", según el cual él respondería ante la presidenta y todos los demás directivos reportarían directamente a él.

"Mi ejecución pero tus decisiones", dijo Orcel a Botín en un intercambio de mensajes realizado el pasado 20 de diciembre a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal, revelados por FT.

Las actas del consejo

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, y Javier Botín, hermano de la presidenta del banco, advirtieron en la reunión del consejo de administración de la entidad del 15 de enero de 2019, en la que se decidió no continuar con el fichaje de Andrea Orcel, de que los inversores institucionales no entenderían bien las razones por las que se frustraba el nombramiento.

Como publicó Vozpópuli, en aquella reunión del consejo de Santander Ana Botín expuso las razones por las que consideraba que no se debía seguir adelante con el fichaje de Orcel, entre otras cosas por las supuestas represalias normativas que el Gobierno pudiera tomar al publicarse informaciones sobre las retribuciones de la banca.

En la reunión, los consejeros de Santander apoyaron la decisión de suspender la contratación de Andrea Orcel. De acuerdo al acta del consejo, a la que ha accedido Vozpópuli, José Antonio Álvarez indicó en su intervención que era "importante explicar bien la decisión a los inversores institucionales" para que estos pudieran "entender al menos la importancia de las cantidades a pagar como consecuencia de la contratación comparándolo con la base de costes del banco"

¿Manipulación de pruebas?

Tras presentar la demanda, desarrollada en más de 200 páginas, Santander y sus abogados de Uría Menéndez contestaron y en su escrito adjuntaron una serie de correos electrónicos que dispararon las alarmas de Orcel y el despacho que le representa, De Carlos Remón.

Como ya desveló este diario, el financiero italiano envió varios escritos al juzgado en el que acusaba a la entidad de adjuntar pruebas manipuladas tras omitir algunos datos de los citados correos, todo con el objetivo de confundir al juez. En esa documentación, Orcel también afirmó que “grabar no es una práctica de dudosa calidad ética y moral; mentir sí lo es. 

Y mentir en un juicio manipulando pruebas puede ser, además, un delito”. Esta acusación no es baladí y es una respuesta al comunicado de prensa hecho público por Santander el pasado verano en el que acusaba al financiero de prácticas “de dudosa calidad ética y moral”por grabar conversaciones que ha usado para defenderse. Tras presentar esos escritos, Orcel formalizó una querella que fue presentada el pasado 11 de noviembre en la que acusaba a la entidad de un presunto delito de estafa procesal. Hace unos días, el juez ha optado por no admitirla a trámite tras considerar que la omisión de algunos datos no es suficiente como para confundir al instructor del caso. Orcel todavía tiene posibilidad de recurrir esta decisión.

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