PRESUPUESTOS 2019

El Banco de España vapulea las cuentas de Sánchez: el déficit se disparará

La institución cree que las previsiones de recaudación están infladas y advierte de que con los números actuales el déficit superará el 2% en 2019

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Efe.

El Banco de España ha sido la primera institución en pronunciarse sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez en el marco de su tramitación parlamentaria y ha advertido de que si las cuentas se mantienen como están a día de hoy provocarán que el déficit se dispare por encima del 2% del PIB en 2019.

Según ha advertido su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, con estos números el Gobierno no podrá cumplir con el objetivo de déficit del 1,3% al que se ha comprometido, a menos que incremente su recaudación fiscal. 

No obstante, ha advertido de que si recurre a esa herramienta (una mayor subida de impuestos para recaudar más) comprometerá entonces su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2% para este año. 

El déficit superará el 1,3% y tampoco habría podido ajustarse al 1,8% que quería conseguir aprobar el Gobierno, pero conseguirá quedar por debajo del 3%, con lo que España saldrá del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea. 

El hecho de que el déficit se desvíe en al menos siete décimas, provocará daños colaterales como la menor disminución del nivel de endeudamiento. “En caso de que se materializaran los riesgos al alza del déficit público, esto implicaría una menor reducción de la ratio de deuda”, que el Ejecutivo quiere reducir hasta el 95,4% en 2019.

Esto a su vez provocará “efectos negativos sobre el crecimiento”, ya que esos recursos podrían destinarse a otros fines más productivos y un alto nivel de deuda dañará la confianza de los inversores. 

La 'trampa' del IVA no servirá

La razón principal por la que el gobernador del Banco de España cuestiona el cumplimiento del déficit es porque cree que el Estado no recaudará tanto como tiene previsto, tal y como se detalla a continuación. 

En concreto, el Ministerio de Hacienda tiene previsto incrementar su recaudación por impuestos y cotizaciones sociales en un 8,2% respecto a 2018, un aumento que "se encuentra sujeto a riesgos a la baja significativos", advierte de forma sutil el gobernador. 

¿Por qué no confía en esta estimación? Lo primero que desmonta el Banco de España es que la treta contable que ha plasmado el Gobierno en sus Presupuestos en relación al IVA sirva para reducir el déficit. 

Todo se remonta a julio de 2017, cuando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobó una modificación en el "suministro inmediato de información (SII) del IVA" que provocó que la recaudación del mes de diciembre de 2017 se realizara en enero de 2018. 

Aunque el dinero de ese mes entró en caja en enero, su apunte contable se registró en diciembre de 2017, para que ese año contara con los ingresos habituales de doce mensualidades. 

Ahora, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a cambiar este sistema, lo que provocará que en 2019 entre caja la recaudación de 13 mensualidades en lugar de 12, lo que se traduce en que el Gobierno contará este año con 5.000 millones más. 

Si se computan 12 meses de IVA en lugar de 13, el Gobierno ingresará 5.000 millones menos y la recaudación subirá un 6,9% en vez de un 8,2%

Aunque el dinero entrará efectivamente en caja en 2019, el Gobernador explica que por normativa sólo se podrán computar en la Contabilidad Nacional -que es el sistema que se aplica al cálculo de déficit- un total de doce mensualidades.

"De acuerdo con la normativa europea vigente (...) el efecto en el déficit de las Administraciones Públicas de los impuestos y las cotizaciones sociales debe seguir el principio de devengo. Dicho principio implica que los impuestos deben afectar al déficit del periodo en el que tienen lugar los hechos imponibles que dan lugar al pago de los mismos", ha señalado, lo que quiere decir que sólo se podrán computar doce mensualidades. 

De esta forma, parece poco probable que la Comisión Europea acepte estos ingresos extra con los que cuenta el Gobierno para reducir su déficit y el de las Comunidades Autónomas, aunque desde Hacienda optan por quitarle importancia al posible problema. 

"Son cuestiones metodológicas (...) lo importante es que esos 5.000 millones existen y sirven para corregir un problema", ya que "permiten compensar" el hecho de que el Estado al final tenga que comprometerse a la senda de déficit del 1,3% (en lugar de la del 1,8% prevista inicialmente), señalan a Vozpópuli fuentes del Ministerio. 

Dudas sobre los nuevos impuestos y preocupación por el gasto en pensiones

El Gobernador ha desglosado otros problemas que le plantean los Presupuestos, como por ejemplo el hecho de que aunque siempre hay incertidumbre sobre la respuesta de ingresos públicos a las bases impositivas (lo que se conoce como elasticidad impositiva), en este caso se ha utilizado una elasticidad "superior a la media histórica".

También ha advertido de los riesgos que supone la incertidumbre, tanto procedente del exterior (guerra comercial entre EEUU y China, desaceleración global, Brexit...) como interior (con el posible retraso en la aprobación de las cuentas por la minoría parlamentaria del Gobierno).

Cuestiona además la previsión de recaudación que tiene el Gobierno con los nuevos impuestos: el tributo sobre Determinados Servicios Digitales o 'tasa Google', con el que prevé recaudar 1.200 millones, y el tributo sobre transacciones financieras, o 'tasa Tobin', que creen que aportará 850 millones, ya que en su opinión no hay evidencia comparable que permita aseverar que sumarán una recaudación de 2.000 millones. 

Aunque ha centrado la mayor parte de su intervención en sus inquietudes sobre los ingresos, también le preocupan al Banco de España los gastos que tendrá que asumir el Estado, sobre todo el de pensiones.

En este sentido, ha recordado que la vuelta a la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación (por la que las pensiones subirán un 1,6% en 2019 y las mínimas y no contributivas un 3%) generará un incremento del gasto público "significativo".

Para poder asumir ese incremento del gasto, que estima en torno a 3 puntos de PIB, es decir unos 36.000 millones de euros, ha pedido al Gobierno que incorpore "medidas adicionales" tanto en los ingresos como en los gastos para poder garantizar la sostenibilidad del sistema. 

Ha lamentado que las reformas de 2011 y 2013, que podían contrarrestar este incremento del gasto con medidas impopulares que se plantearon como la utilización de un Índice de Revalorización diferente al IPC, se han abandonado y que otras como la introducción de un Factor de Sostenibilidad se han pospuesto hasta 2023, lo que ha supuesto una "relajación" en la toma de decisiones. 

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