La banca española se rebela frente al Código de Guindos de las cláusulas suelo

El Código de Buenas Prácticas de Economía por las cláusulas suelo no sólo está encontrando oposición por parte del PSOE. También se rebelan frente a esta solución los bancos. Aunque de manera más o menos oficial todos manifiestan que estudiarán la letra pequeña del real decreto que ultima Luis de Guindos para acogerse al mismo, extraoficialmente la postura es muy distinta.

Distintas entidades financieras con exposición a las cláusulas suelo explican que desde que salió la sentencia el pasado 21 de diciembre no se ha dejado de trabajar ni un día en las búsqueda de posibles recovecos legales a los que acogerse. La mayor parte del análisis se está realizando a través de las patronales: la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca).

Los bancos son proclives a dar el visto bueno al Código de Guindos, pero argumentan que antes que perseguir los objetivos del ministro (reducir la litigiosidad y evitar el riesgo reputacional) se deben a sus accionistas, que podrían reclamarles por no defender como es debido sus intereses. La factura que el Banco de España espera por este escándalo en las cuentas de 2016 es de 4.000 millones, un 25% del beneficio.

Desde dos entidades asociadas a estas patronales explican que una de las vías que están abriendo es remitir al Tribunal Supremo una consulta para saber cómo interpretar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tanto desde la AEB como la Ceca niegan que se estén encargando de este trámite. El objetivo de estas entidades es saber si han de devolver de forma automática el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo antes de mayo de 2013 (la primera sentencia del Supremo) o tienen que ir esperando a sentencias para ello.

A la espera del Supremo

Además, en el caso de BBVA, Abanca y Cajamar, las primeras entidades condenadas por el Alto Tribunal, no tienen claro si la sentencia europea es de aplicación para ellos, ya que obligaría a reabrir una causa ya juzgada.

Esta vía de trabajo (consulta al Supremo) podría tener poco sentido dado que el tribunal se reunirá entre la segunda y la tercera semana de enero para dar una interpretación a la sentencia europea. Lo hace debido a que hay varios recursos paralizados desde hace meses a la espera de que se pronunciara el TJUE.

El Supremo se reúne entre la segunda y la tercera semana de enero para decidir cómo se aplica la sentencia europea de las cláusulas suelo

Otra de las alternativas que se están planteando por parte de la banca es amenazar con disolver el contrato hipotecario en caso de nulidad la cláusula suelo. Es una vía que no está del todo clara. Pero desde alguno de los bancos afectados por esta polémica consideran que si se anula una de las condiciones fundamentales de un crédito, toda la financiación es nula. Otros sin embargo creen que la desaparición de una cláusula separada no afecta al conjunto del contrato.

En cualquier caso argumentan que la inclusión de estas condiciones fue sugerida en torno al año 2010 por parte del Banco de España y que fue clave para que se abarataran los créditos hipotecarios. Por lo que, sin ella, la hipoteca debería encarecerse.

Deberes pendientes

Por el camino, las entidades que ya recurrieron la sentencia de la macrodemanda de Adicae en los tribunales de Plaza Castilla, Banco Popular y Sabadell, las mantendrán ante la Audiencia Provincial. Argumentan que sus cláusulas suelo eran transparentes y por tanto no les debería afectar la decisión del TJUE. Además, tanto estas entidades como otras ya han quitado a gran parte de sus clientes la cláusula suelo cambiando la hipoteca por una fija, por lo que esperan un impacto menor de demandas de aquí en adelante.

De esta forma, Guindos tendrá que trabajar mucho en las próximas semanas para convencer a los bancos de que agilicen la solución. Economía espera que el Código se apruebe en el Consejo de Ministros del 13 de enero, “una vez recabados los apoyos políticos necesarios” (falta el del PSOE), con el objetivo de “resolver con celeridad las reclamaciones y reducir la litigiosidad”.