Caso Bankia

Un juez cierra la puerta al Ibex para demandar a Bankia por la OPV

Nueva victoria de la entidad nacionalizada contra los institucionales de su salida a bolsa. Un juez de Aragón da la razón a Bankia frente a una inmobiliaria y fija que las empresas que invirtieron empujadas por el Gobierno no deben recuperar el dinero, ya que tuvieron una motivación distinta al folleto.

Rodrigo Rato toca la campana en la salida a bolsa el 19 de julio de 2011
Rodrigo Rato toca la campana en la salida a bolsa el 19 de julio de 2011 EUROPA PRESS

Bankia toma carrerilla en las demandas por su salida a bolsa. La entidad nacionalizada va sumando sentencias a favor en las reclamaciones presentadas por grandes inversores. Tras la victoria contra Porcelanosa, la semana pasada recibió buenas noticias procedentes de Aragón, donde ganó un juicio frente a una promotora de Calatayud, Promociones Warsage. Le reclamaba medio millón de euros más intereses legales.

Más allá del resultado de esta batalla, lo más indicativo es que la sentencia apunta claves que pueden ayudar a Bankia en otras disputas legales que tiene pendientes, como las de Iberdrola, Grupo Villar MirDuro Felguera y Meliá Hotels International. La entidad nacionalizada se juega al menos 70 millones en el frente institucional de su salida a bolsa.

En este sentido, el juez de Calatayud da a entender que el hecho de que hubiera presiones a las empresas para que acudieran a la salida a bolsa (que se convirtió en cuestión de Estado) quita legitimidad a sus reclamaciones.

“Como ocurrió con otros inversores profesionales, la compra de dichas acciones en julio de 2011 se pudo deber a otras razones no siendo objeto de debate en este juicio, pero, en todo caso, tales inversores tenían elementos adicionales para tomar decisiones distintos de los del folleto”, expone la sentencia.

Pendientes de Iberdrola

Con ello, el magistrado da por buena una de las principales líneas de defensa de Bankia, sobre todo frente a Iberdrola: si una empresa invirtió en la salida a bolsa a petición del Gobierno de entonces, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, da lo mismo que hubiera posibles errores en el folleto de la salida a bolsa.

“A diferencia de las múltiples sentencias dictadas respecto a la compra de la OPS [Oferta Pública de Suscripción] por inversores minoristas en las cuales las graves inexactitudes de la información contenida en el folleto […] fueron la causa del error sustancial […], en este caso, no consta que la mercantil suscribiese las acciones en base a dicha información”, añade la sentencia.

“La compra de acciones se pudo deber a otras razones, por lo que los inversores tenían elementos adicionales para tomar decisiones distintos del folleto”

El escrito añade los motivos que dio Promociones Warsage para acudir a la salida a bolsa de Bankia en 2011, entre los que se encontraba la cuestión de Estado: “Dada las buenas críticas de la prensa especializada, la situación inmejorable de la entidad bancaria […] y la conveniencia de que la actora participara en la salida a bolsa, al tratarse de un proyecto de gran envergadura e importancia nacional”.

Las demandas por la salida a bolsa se aceleraron a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo de febrero del año pasado, en las que declaró que la información de la salida a bolsa fue falsa, apoyado en los dos informes de peritos del caso Bankia. Pero marcó una línea entre los pequeños inversores, que ya han recuperado todo su dinero, y los grandes, que no podían beneficiarse al contar con más información que el folleto para tomar su decisión de inversión.

La promotora aragonesa dijo que invirtió en Bankia por “su situación inmejorable” y “al tratarse de un proyecto de importancia nacional”

A pesar de ello, desde entonces 70 compañías han demandado a Bankia para recuperar su dinero, en defensa de sus accionistas y por creer que si el folleto y las cuentas de la entidad estaban mal, lo estaban para todos los inversores, no sólo para los minoristas. El banco ha ganado algunas batallas, y ha perdido otras, por lo que todo apunta a que el Supremo y las Audiencias Provinciales tendrán que pronunciarse en algún momento de los próximos meses.



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